A pesar de que organizaciones ecologistas pronto advirtieron que el embalse afectaría negativamente una extensa área protegida de Mularroya, las obras empezaron igualmente en 2008. La declaración de impacto ambiental (DIA) se revocó en 2009, pero las obras continuaron hasta 2013, cuando el Tribunal Supremo paralizó las obras. Para evitar la necesidad de una DIA, el gobierno español declaró el embalse de interés público de primer orden, lo que permitiría retomar las obras si se toman medidas compensatorias. Pero la batalla legal no ha terminado, ya que los ecologistas sostienen que éste es un procedimiento que sólo es aplicable en casos de circunstancias extraordinarias, lo que no se cumple en éste. Coste: 128 millones de euros más sobrecostes.