En 2007, las autoridades valencianas anunciaron que València sería sede de un gran premio del circuito de Fórmula 1 durante los siguientes siete años. El entonces presidente de la Generalitat Francisco Camps prometió que la Fórmula 1 tendría "coste cero" para los contribuyentes. Una vez pasados estos siete años, los hechos son: las dos últimas carreras no se celebraron por falta de presupuesto, la aventura se ha pagado con 300 millones de euros de dinero público y Francisco Camps está imputado por corrupción en relación con los contratos de la Fórmula 1.