Las obras de ampliación del puerto de El Musel se terminaron en 2010 después de una inversión de 630 millones de euros (un 40% de los cuales provenían de fondos europeos). Desde entonces ha permanecido vacío y virtualmente sin uso. La planta regasificadora (otros 380 millones) se terminó en 2012, pero no podía ser puesta en marcha porque no estaba conectada a la red nacional. Además, en 2013, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló la autorización para su construcción al estar a menos de 2 km de núcleos habitados. A pesar de esta sentencia y de que poseía un informe indicando que la puesta en marcha de la planta no sería necesaria hasta, como mínimo, 2017 por falta de demanda, el gobierno autorizó la construcción del gasoducto que ahora ya la conecta a la red nacional (otros 12 millones). Si el Tribunal Supremo ratifica su ilegalidad, el último paso será la demolición.