Donde la red pública para cuidar a los más vulnerables no llega (y no llega a bastantes) las mujeres han debido asumir el rol de encargadas. Una labor cuyo valor económico oscila entre los 32.000 y 50.000 millones de euros (que nadie abona) anuales. Mientras el Gobierno suprimió incluso el pago de las cuotas a la Seguridad Social de las “cuidadoras no profesionales” reconocidas por la ley, los recursos que asigna para el sistema de atención social han caído en más de 3.700 millones en cuatro años. La lista de personas sin percibir su derecho de ser asistidos se acerca a 350.000.

Mucho de los cuidados y protección a personas dependientes no tiene más remedio que provenir del ámbito familiar. Un reciente estudio firmado por el doctor en Economía de la Universidad de Castilla-La Mancha, Juan Oliva, calculaba que más de un millón de particulares se encargan de esa tarea. Más del 80% de ellas son mujeres y deben emplear entre 4.000 y 5.000 horas a este servicio no remunerado Su documento, que habla de “costes invisibles”, calcula que valen tanto como casi el 5% del Producto Interior Bruto español.

La ley de dependencia reconoce este trabajo y lo define como: “Cuidadores no profesionales”. Pero lo considera una opción “excepcional” a la que asignar recursos económicos. Además, fue una de las primeras partidas que recortó el Ejecutivo de Mariano Rajoy al llegar al poder en 2011. El Gobierno modificó la normativa para que las cuotas a la Seguridad Social de estas personas, que abonaba la Tesorería del Estado, se las pagaran las propias cuidadoras de su bolsillo.

Con ese cambio, se ahorró el pago de 350 millones de euros anuales, pero también consiguió que más de 163.000 personas se dieran de baja de ese recurso. Prácticamente todas las que estaban apuntadas. El 90% eran mujeres.

El Gobierno ha detraído unos 3.700 millones al sector de los cuidados entre 2012 y 2016, según las cuentas de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales. Lo ha hecho, además de dejando de aportar las cuotas a la Seguridad Social, rebajando las transferencias a las comunidades autónomas. La asignación directa de la administración general pasó de 1.568 millones en 2011 a 1.192 en 2015. El año pasado el gasto subió los 1.199 millones: un 23% menos que hace cinco años.

Uno de los indicadores que atestiguan cómo se ha rebajado la inversión en la atención social (que asume la red familiar en sustitución) es el de las empresas dedicadas a este sector. Su mayor fuente de ingresos en la financiación pública, ya sea por la gestión de recursos públicos a cambio de un canon -residencias de mayores o teleseasistencia, por ejemplo- o mediante el concierto de plazas sufragadas con los presupuestos públicos. En 2008 recibieron 10.000 millones de euros para llevar a cabo su labor. En 2013 fueron 8.000, según la plataforma que agrupa a estas entidades.

Ante esta circunstancia, el que sí han aprovechado el vacío de recursos públicos ha sido el sector de los seguros de dependencia que en 2015 incrementó su negocio un 50% hasta acumular 16 millones de euros, según su patronal Unespa. En 2016, su tasa de crecimiento tampoco ha sido muy mala, ya que en el último recuento al final del tercer trimestre mostraba un crecimiento del 10%.

También a los más pequeños

Otra vertiente de los cuidados que recae mayoritariamente en las mujeres es la de los hijos. El Gobierno del Partido Popular ha dotado de presupuesto al permiso de paternidad de un mes para 2017. Seis años después de lo que la ley de 2009 había indicado. Un 25% de las mujeres trabajadoras lo hacen a tiempo parcial. Entre las principales causas está, según la Encuesta de población Activa, “el cuidado de niños o enfermos”.

En este aspecto, una red para atender a los niños y niñas en caso de que la madre decida continuar con una actividad profesional remunerada es condición esencial. La inversión pública en educación infantil (en la que se engloban los centros para menores de seis años) ha caído alrededor de un 13%, según un estudio del sindicato CC OO.

Los datos del Ministerio de Educación aúnan la etapa de Infantil y la Primaria (esta última es obligatoria). Desde que se alcanzó el pico de inversión en 2010 con 15.400 millones de euros de gasto público, se han perdido 2.000 millones.

En la última encuesta sobre gastos familiares en educación del Instituto Nacional de Estadística (2012), quedaba reflejado que un tercio de los niños y niñas entre 0 y 2 años tenía acceso a una escuela infantil pública. El resto, en aulas privadas. Las clases en la privada costaban tres veces más (1.308 por 388 euros). En la siguiente etapa (de 2 a 5 años), las tornas cambian. El 65% está en plazas públicas y un 29% en concertadas. Eso sí, las públicas son gratuitas mientras las concertadas estaban en una media de 509 euros. Las totalmente privadas se iban a los 2.600 euros, según reflejaba el INE.