El 8 de marzo siempre es un día reivindicativo y de celebración: miles de mujeres nos lanzamos a las calles a recordarle a la sociedad que representamos más del 50% de su composición y que tenemos por ley los mismos derechos que nuestros compañeros varones. Se escuchan discursos grandilocuentes por parte de todas las organizaciones políticas y sociales y, por un día, todos nos consideramos más iguales en una sociedad desigual.

Mi voz se alza hoy por un colectivo que no suele salir mucho a la calle sea el día que sea, están demasiado ocupadas: son las cuidadoras en el entorno familiar, miles de mujeres en este país que han tenido que renunciar a sus puestos de trabajo para atender a un familiar en situación de dependencia sin ver reconocida su labor, ni por parte del Estado (al que le ahorran millones de euros), ni por parte de la sociedad, que da por sentado que esa es su obligación; como si por el hecho de ser mujer tuviesen un gen extra que las marcase como cuidadoras.

En una sociedad avanzada esta tarea no tendría por qué ser casi exclusivamente femenina, pero la realidad es que cuando hay que decidir quién se queda en casa para atender a un familiar, la respuesta sale sola: quien menos cobra (nosotras, las mujeres). Y vuelven a casa con la pata quebrada, dejando atrás años de avances en igualdad, dejando sueños, vida laboral, para convertirse de nuevo en cuidadoras de la tribu.

Yo formo parte de este colectivo: tengo un hijo de 9 años valorado como gran dependiente, con una discapacidad física, psíquica y sensorial del 85%. Mi vida quedó supeditada a la suya el día que tuvo su primera crisis epiléptica y pronto supe que dependería de mí toda su vida. Mi vida se paró momentáneamente, me tuve que reinventar, forjarme un nuevo futuro con nuevas prioridades; hacer por el camino y a matacaballo un curso rápido de neuropediatría aplicada, casi sin tiempo siquiera para llorar; pararme era un lujo, le hacía falta a mi hijo y, a partir de ese momento, Alberto depende de mí y yo de él.

La vida de mi hijo depende de que alguien le dé de comer, la medicación, le cambie el pañal, le bañe, le cuide, le mime… y ahí estoy yo que, como casi todas mis compañeras de “no profesión”, he renunciado a mi vida laboral para atenderle. La Ley de Dependencia suponía un respiro para todas nosotras, reconocía en parte el trabajo realizado y nos daba opción a una pensión de jubilación el día de mañana, hasta que llegó al Gobierno el Partido Popular y su Decreto de julio de 2012, en el que se recortaban las prestaciones un 15% (en algunas comunidades se llegó al 85%) y se dejaba de cotizar por nosotras. La cotización a la Seguridad Social pasó a ser de carácter voluntario, y de 56 euros que le costaba al Estado, a 200 euros, por lo que más del 90% de las cuidadoras nos vimos en la obligación de renunciar a ella, ya que si de una prestación de 387 euros (en el “mejor” de los casos) dedicas 200 a esa cotización, la prestación de nuestro familiar se ve reducida drásticamente.

No sé qué será de mí en un futuro no muy lejano, mis años de cotización en la empresa privada no servirán de nada y no tendré derecho a una pensión que me asegure el futuro. Solo me queda la esperanza de que mis conciudadanos se lo piensen dos veces antes de volver a meter una papeleta en la urna y que un cambio de gobierno revierta esta situación; ya que el actual, y su presidente a la cabeza, nos han demostrado sobradamente lo que les importa la situación de las personas en situación de dependencia y sus familias.

Yo sí saldré a la calle este 8 de marzo, pero mi reivindicación será que se reconozca el esfuerzo de miles de mujeres de este país, que contribuyen con su trabajo y dedicación al bienestar de los ciudadanos más desfavorecidos, y que tengamos derecho a un futuro estable y digno. Porque nuestro trabajo es por lo menos, tan digno como los demás: SOMOS CUIDADORAS.