Intro

Cataluña en Espanya

Hemos intentado recoger todos los puntos de vista sobre una cuestión en la que sobran las trincheras y faltan los puentes y espacios compartidos

IGNACIO ESCOLAR

Director de eldiario.es

¿Catalunya o Cataluña? En este monográfico de eldiario.es hemos decidido permitir a nuestros articulistas usar la palabra que prefieran para referirse a esa autonomía del Estado español que aspira a convertirse en república; no hemos editado esa palabra a nadie. Cada una de nuestras firmas en las distintas tribunas, entrevistas y reportajes han elegido su opción preferida, a la que nunca le falta carga simbólica. No he sacado la estadística exacta de cuántos de ellos han escogido cada una de las dos palabras, pero creo que ha quedado bastante repartido. Era lo que buscábamos.

En mi caso, yo soy de los que prefiere escribir Catalunya, a pesar de haber nacido en Burgos, de vivir en Madrid y de defender que juntos nos iría mejor que separados. Es un guiño editorial, un pequeño reconocimiento a esa España plurinacional que existe aunque no esté en la Constitución. Es también una pequeña trampa. Creo que las palabras también sirven para lograr la complicidad del que te lee y, cuando escribo sobre el soberanismo y Catalunya, la complicidad que busco es la de aquellos que no piensan como yo; la de quienes se quieren ir, la de tantos que se han rendido a la posibilidad de una reforma y creen que en esta España ya no hay sitio para ellos; la de los que confunden el Gobierno de Rajoy con España. Con Espanya, podría decir también; pocos saben que los primeros registros medievales de la palabra “España” no fueron en castellano sino en catalán. O que el gentilicio nacional, “español”, viene de la actual Francia. Era como llamaban al norte de los Pirineos a los habitantes de Hispania: “espagnols”. Si el origen del término hubiese sido en correctísimo castellano, los españoles nos llamaríamos “espanos”, “españeses”, “hispanos” o “espanidos”. Triunfó la terminación en “ol”, rara en castellano pero típica de las lenguas de influencia provenzal. Como el catalán, por ejemplo.

Que el gentilicio de España sea un extranjerismo, que los colores de la bandera –rojo y gualda– los pusiese la Corona de Aragón (de ahí deriva también la senyera), o que se pusiese antes por escrito “Espanya” que España, demuestra hasta qué punto es complicada la cuestión territorial en ese Estado que ocupa gran parte de la península Ibérica. No es solo una cuestión de lenguas o de historia, que no es algo que pese poco. También de legislación, de cultura, de sentimientos, de dinero y de respeto mutuo.

Desde eldiario.es hemos querido no echar gasolina al incendio y dedicar un monográfico que clarifique y ayude a entender cada postura. En este número entrevistamos a dirigentes políticos tan distintos como Carles Puigdemont, Cristina Cifuentes, Ximo Puig, Xavi Domènech y Anna Gabriel. Son todas entrevistas específicas para hablar de Catalunya, del porqué de la unión o la ruptura. Es imposible que todos los artículos y entrevistas gusten a todo el mundo porque defienden ideas muy distintas. Hemos intentado recoger todos los puntos de vista sobre una cuestión en la que sobran las trincheras y faltan puentes y espacios compartidos. Se grita mucho, se habla francamente poco, se escucha aún menos.

Espero que les guste que le lleven la contraria porque eso es lo que encontrará en al menos una de cada dos páginas. Para arreglar un problema lo primero siempre es ponerte en la posición del otro.

A fondo

CATALUNYA DESPUÉS

DE LA RECESIÓN

Un tejido industrial

en retirada

Catalunya siempre ha sido una ‘rara avis’ dentro de España por el peso específico de su tejido industrial y exportador. Sin embargo, esta combinación no sirvió para que la comunidad sufriera menos la recesión que el resto del Estado

BELÉN CARREÑO

Redactora Jefe de economía de eldiario.es

Spain is different, y mucho, en estructura económica frente al resto de sus vecinos europeos. Pero, ¿es Catalunya diferente al resto de España? En términos económicos, Catalunya ha sido vista siempre como una rara avis dentro de España por su peso específico del tejido industrial y exportador. Para los expertos, el rasgo más distintivo que marca la fortaleza de la economía catalana frente a cualquier otra región es su diversificación y apertura al exterior. Catalunya tiene industria, un sector que supone el 20% de su PIB frente al 17% de la media española, pero también un sector servicios potente, turismo y una dosis de construcción, menor que en otras regiones españolas aunque también hiperdesarrollada en la época de la burbuja.

Sin embargo, esta combinación no sirvió para que Catalunya sufriera menos en la recesión que la media del conjunto del Estado español. La analista de Funcas María Jesús Fernández rastrea los datos de la evolución por sectores para concluir que la industria y los servicios en Catalunya se han “debilitado” más que la media española desde el arranque de la crisis.

Entre 2012 y 2015 han desaparecido 4.000 empresas del sector industrial en Catalunya, hasta 36.400. Con todo, su número sigue siendo muy elevado, basta comparar con el País Vasco, otro de los principales polos industriales de España que tiene apenas 11.000 empresas inscritas en este sector (INE). El tamaño de las empresas es crítico para entender esta abultada diferencia en el número de actores.

Con el equivalente a un 30% de su PIB en exportación de bienes (frente a un 23% del resto de España), el grado de apertura de Catalunya al exterior y el tipo de manufactura que realiza le han penalizado durante la crisis en términos relativos. Lo explica Josep Oliver, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB): “Al ser una economía más abierta sufre más por la competencia y por la falta de instrumentos para controlar la política económica, como las divisas y costes y otros mecanismos de defensa adecuada”.

Desde el punto de vista de Oliver, la política económica ha sido determinante en el duro golpe que ha sufrido el tejido industrial en Catalunya. El catedrático cree que la falta de cumplimiento del Estado central en materia de inversiones, como infraestructuras o educación, ha limitado el margen de maniobra de la región y ha propiciado que la deslocalización se haya ido cobrando numerosas víctimas en el tejido industrial catalán.

¿Por qué el País Vasco, otra de las regiones más industrializadas de España, ha logrado defenderse algo mejor en un entorno globalizado? Oliver se lo atribuye a dos cuestiones. Por un lado, el tipo de industria, teniendo la vasca un mayor grado de valor añadido, centrado en la inversión en bienes de equipo, más difícil de deslocalizar. Pero el catedrático incide en que el sistema de financiación del País Vasco es más generoso y le ha permitido dotar a la comunidad autónoma de las infraestructuras necesarias y de un programa educativo mucho más acorde con las necesidades de la zona.

En el mismo sentido, Guillem López Casasnovas, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu i Fabra y consejero del Banco de España, es aún más contundente con la clave que ha propiciado esta diferente evolución de ambas autonomías. “Hace años ya que el músculo de las administraciones e infraestructuras catalanas no aguantan el tirón económico y social de Catalunya. El País Vasco juega otra liga con el beneplácito del nacionalismo español”.

La educación está omnipresente en el relato de Oliver a la hora de analizar la falta de recursos y herramientas de Catalunya frente a países competidores. Recuerda cómo Alemania ha logrado que casi un 60% de sus estudiantes opten por la FP, en lugar del escaso 20% que lo estudia en Catalunya. También el País Vasco ha creado su propio modelo educativo de formación profesional ligado a la industria y con lazos próximos a los centros tecnológicos e industriales que han proliferado con éxito en la comunidad.

Perdiendo puestos. “No podemos desarrollar un modelo para competir globalmente”, lamenta Oliver, que recuerda cómo para los sucesivos gobiernos centrales que ha tenido España exportar no ha sido “una obsesión”. “Las exportaciones han ganado cuota en España y en Catalunya a peasar de la política de Estado”, concluye, a la vez que reconoce que los principales problemas de Catalunya (alto endeudamiento y educación) son compartidos por el resto de comunidades.

Para resaltar esta pérdida de competitividad frente a otras regiones europeas, Oliver subraya cómo desde la entrada en el euro, en el año 2000, Catalunya no ha dejado de perder puestos en el ranking de regiones europeas más desarrolladas.

En términos de riqueza por habitante, si en el año 2000 la riqueza media de la Unión Europea (con muchos menos países que ahora) era 100, en Catalunya se situaba en un 117, y la media española se quedaba en un 96. En el último dato de Eurostat (2014), de nuevo con la UE en una riqueza de 100, Catalunya tiene un 108, por encima de la media, y España en 91.

Sin embargo, siguiendo la evolución de otras comunidades del mismo indicador, la foto es muy diferente. El País Vasco prácticamente no se ha movido en 15 años de su nivel en 119. Sin embargo Navarra, que también tiene un esquema de financiación autonómica propia, ha salido perdiendo radicalmente en comparación con el resto de europeos. Si en el año 2000 su riqueza por habitante se situaba en 122, en 2014 se quedaba en un 113 de la UE.

Baleares es una de las comunidades autónomas que peor ha evolucionado con respecto a la media de la UE (estaba en un 121 en el año 2000 y ahora en un 96) y Madrid ha perdido pero ligeramente: está en 125 frente al nivel de 129 del año con el que entró en el euro.

Sin un denominador común, Ángel de la Fuente, investigador del Centro de Análisis Financiero del CSIC, cree que la “pérdida de ventaja” de Catalunya respecto al resto de las regiones ha sido una consecuencia de la corrección de las desigualdades en España. De la Fuente, autor del último estudio sobre balanzas fiscales promocionado por el Ministerio de Hacienda, cree que “la amenaza independentista”, también resta dinamismo a la economía catalana.

Como en el resto de España, las restricciones impuestas en materia de estabilidad presupuestaria para cumplir la senda fiscal pactada con Bruselas dan un margen de maniobra limitado a las comunidades autónomas para manejar su presupuesto. En 2016, el déficit que podrá tener cada región española no puede sobrepasar el 0,3% de su PIB. La Autoridad Fiscal Independiente (Airef) cree que, para cumplir este objetivo, Catalunya tendría por lo menos que corregir sus cuentas el equivalente al 2% de su PIB, esto es, casi 4.000 millones de euros.

López Casasnovas cree que la recuperación para Catalunya vendrá de la mano de una sencilla receta: “clarificar escenarios políticos, lealtad institucional entre administraciones y no temer a una política económica más descentralizada donde prime la emprendeduría y la innovación por encima del clientelismo regulado”. Con todo, el prestigioso economista catalán lanza un mensaje de optimismo. “Catalunya tiene un buen futuro por delante. Una nueva Industria está emergiendo, un sector exportador potente y un buen conocimiento de idiomas y capacidad emprendedora son sus activos”.

Tribuna

La pasión catalana

La política española pretende solucionar “Lo de Catalunya” sin la mitad de los catalanes: prohibido negociar con los partidos nacionalistas. Cuando se encuentre la manera, ya se les comunicará

ANTÓN LOSADA

Profesor de la Universidad de Santiago

En la política española se ha instalado una contradictoria y paradójica manera de entender cómo se soluciona eso que suelen llamar “lo de Catalunya”. Se podría resumir en una simple frase: “Todo para Catalunya y por Catalunya, pero sin la mitad de los catalanes”.

Media Catalunya es una línea roja. No se puede pactar con los partidos nacionalistas catalanes. Está prohibido negociar con ellos. Se ha declarado pecado mortal o delito de lesa traición aceptar su voto, su abstención o incluso su mera ausencia, aunque traigan después el justificante médico.

Están castigados, por malos y revoltosos. Cuando encuentren una solución para lo suyo, ya se les comunicará por vía reglamentaria. Si le gusta, miel sobre hojuelas. Si no les gusta, ellos se lo pierden porque será lo que haya. La teoría recuerda en el fondo y en la forma a aquella misma que solían manejar los supuestos teóricos de la democracia orgánica que proclamaban como todo era para el pueblo y por el pueblo, pero sin el pueblo.

Buena parte de la política española parece pretender “arreglar” lo de Catalunya pero sin hablar, incluso anatemizando, a la mitad de sus votantes y sus representantes políticos. El diagnóstico no puede ser más erróneo ni más inútil: la búsqueda de una salida castrada por semejantes planteamientos tan maniqueos como inútiles.

En Catalunya no hay algo que arreglar. Ni siquiera existe un problema. Existe una demanda política legítima y muy mayoritaria de reconocimiento nacional que debe ser atendida, dialogada y pactada entre todos. De lo contrario, cualquier solución o acuerdo unilateral carecerá por completo de legitimidad y resultará mínimamente viable.

No se puede hacer política en Catalunya, ni para Catalunya, sin levantar los vetos y cordones sanitarios que unos y otros se han impuesto por puro cálculo y estrategia electoral. Una mitad ni puede, ni debe, imponer su criterio o bloquear las pasiones y demandas de la otra alegando la división social, el enfrentamiento civil y la falta de consenso.

El consenso no es un producto de la casualidad o un resultado de la madre naturaleza. Los consensos deben ser construidos. El trabajo de los políticos en juntar a la gente, no dividirla ni separarla. Desde hace una década, hay demasiada gente que piensa que su trabajo y su mejor negocio es separarla.

Pero de eso va lo que pasa en Catalunya: de dejar de partirlos por la mitad y juntar a los catalanes. No se funda una nación sobre dos puntos de diferencia en porcentaje de voto. Pero tampoco se la puede enterrar en el olvido.

Análisis

El ‘Big Bang’

del “proceso”

La sentencia del Constitucional que amputó el Estatut ha disparado el independentismo catalán desde 2010. El fallo precipitó una explosión que anticipaban decepciones cocinadas durante años y una serie de decisiones de los partidos que escaparon a su control

PERE RUSIÑOL

Periodista de Alternativas Económicas

Gracias, Tribunal Constitucional, contigo empezó todo”. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se choteaba recientemente en sede parlamentaria de la decisión del Alto Tribunal de suprimir la Consejería catalana de Asuntos Exteriores con esta paráfrasis de una gracieta que el futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué lanzó contra el madridista Cristiano Ronaldo.

En una ocurrencia muy celebrada por los barcelonistas en la eufórica celebración del último triplete, el futbolista afirmó, en referencia al ‘disck-jockey’ que pinchó en una fiesta de Cristiano Ronaldo la víspera de una debacle madridista: “Gracias, Kevin Roldán, contigo empezó todo”.

El conflicto político entre el soberanismo catalán y las instituciones del Estado español tiene múltiples causas que se hunden en el túnel del tiempo, pero cada vez se parece más a un Barça-Madrid. Y aunque hasta el presidente de la Generalitat se confunde ya con el futbolista que trata de electrizar a la hinchada, lo cierto es que el acelerón independentista de los últimos tiempos, en que los grupos partidarios de la secesión han pasado en apenas cinco años de 14 diputados a 72 en un Parlament de 135, tuvo su big bang el 28 de junio de 2010. Ese día, el pleno del Tribunal Constitucional aprobó la sentencia que amputaba el Estatut. Y, desde entonces, nadie ha sido capaz de detener una hemorragia que ahora amenaza ya con una amputación al conjunto del país.

En Cataluña, el estallido pudo escucharse al instante y también era evidente en qué dirección iba a dirigirse la impresionante descarga energética del big bang: “Si algún día Cataluña se proclama independiente, a nadie debería extrañarle que en el panteón de los padres de la patria se reserve un espacio muy noble para los miembros del Tribunal Constitucional”, arrancaba su crónica el extinto diario Público.

“En la Transición hubo el pecado original del café para todos, pero la sentencia del Constitucional de 2010 es el momento clave en que las dificultades para encajar la diferencia se hacen evidentes”, subraya Joan Subirats, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), quien añade: “Ante este golpe, muchos en Cataluña optaron por la ‘doctrina Sinatra’: My Way!” (a mi manera).

Más allá del contenido concreto de la sentencia, que descafeinaba sobre todo el elemento simbólico de pacto federalizante que suponía el nuevo Estatut, el tortuoso y estrambótico proceso para fabricarla tiene muy pocos precedentes en los Estados solventes occidentales: la sentencia llegó cuatro años después de la aprobación del Estatut, cuando este ya había sido votado no solo por el Parlament y las Cortes, sino también por el pueblo de Cataluña en referéndum, con lo que en puridad la norma hoy en vigor no ha sido ratificado jamás por los ciudadanos.

Y esta anomalía abracadabrante llegó envuelta de una escenografía tan alejada de las formas occidentales como la estampa cañí de magistrados negociando con el puro en la boca en una plaza de toros y un Alto Tribunal paralizado y completamente a rebufo de las maniobras del PSOE y el PP, que además se eternizaron, para masticar un plato tan indigesto.

“La sentencia del Constitucional supuso una gran decepción transversal y generó la primera gran manifestación en la que al menos la mitad de las banderas que se exhiben son ya independentistas”, sostiene el historiador Joan B. Culla.

Sin embargo, Culla advierte de que para entender esta súbita explosión hay que ir un poco más atrás y analizar lo que el historiador llama “la década de las decepciones” y que sitúa entre 1996, cuando José María Aznar llega a La Moncloa aupado por la Convergència i Unió de Jordi Pujol, y 2006, cuando se aprueba el nuevo Estatut tras un embrollado proceso que acaba como el rosario de la aurora, con la defenestración de Pasqual Maragall, la ruptura con Esquerra Republicana y la apatía ciudadana en el referéndum.

De Aznar a Zapatero “El centro-derecha catalanista creyó en 1996 que la derecha española podía aceptar la plurinacionalidad, pero con el giro de Aznar tras la mayoría absoluta se dio cuenta de que esto era imposible y que había estado haciendo el primo. Y al centro-izquierda catalanista le pasó lo mismo con José Luis Rodríguez Zapatero: le creyó y tuvo una decepción análoga porque el Estatut fue cepillado y Maragall, fulminado”, argumenta Culla. Y añade: “En muy pocos años, el carril central de la política catalana vivió frustraciones parecidas, a derecha e izquierda; y con este sustrato la sentencia del Constitucional hizo el resto”.

La sentencia fue el corolario de un proceso ciertamente singular que tuvo como chocante prólogo la campaña por toda España del Partido Popular con su presidente, Mariano Rajoy, al frente, recogiendo firmas para llevar al Alto Tribunal el Estatuto de Cataluña por aspectos que literalmente se habían incorporado también a los nuevos estatutos de la Comunidad Valenciana y de Andalucía y que hoy siguen perfectamente vigentes porque nadie se rasgó nunca las vestiduras.

Y es que el tacticismo de los principales actores políticos de la España surgida de la Transición –y también inicialmente del endiablado laberinto catalán (el PP, el PSC-PSOE y CiU)– tuvo mucho que ver en la escalada de un pulso para el que, una vez rotas las costuras, ya no hay manual de instrucciones que ayude a resolverlo.

En los tres casos se tomaron decisiones con fines meramente electoralistas que elevaron muchísimo la temperatura, con la paradoja de que, a la postre, este tacticismo se les volvió a todos en contra y acabó convirtiéndose en un bumerán incontrolable.

Mariano Rajoy, desorientado por el batacazo electoral de 2004, creyó encontrar en la radical oposición al Estatuto catalán –simbolizada en su recogida de firmas por toda España– el energizante que lo iba a catapultar a La Moncloa en 2008. En cambio, lo que finalmente sucedió es que movilizó en su contra a Cataluña, que junto a Andalucía se erigió en la clave para la reelección de José Luis Rodríguez Zapatero. En 2008, el PSOE superó al PP en toda España por 1,011 millones de votos. En Cataluña, la distancia entre socialistas y conservadores fue de 1,079 millones de votos. En otras palabras: sin una Cataluña tan ofendida, el PP habría ganado esas elecciones.

En el mundo socialista, el tacticismo también provocó destrozos: Pasqual Maragall eligió la reforma del Estatut como el punto fuerte de su programa cuando su primer asalto a la Generalitat, en 1999, se vio frustrado por un pacto de legislatura entre CiU y el PP que impedía solemnemente tocar el Estatut.

La demanda social para iniciar un proceso de reforma era entonces muy modesta –solo la exigía ERC y menos del 10% la consideraba prioritaria, según todos los sondeos–, pero en cambio era el elemento táctico ideal para subrayar que Pujol estaba atado de pies y manos a Aznar, agudizar las contradicciones del pacto de la derecha y atraerse a ERC al polo progresista del cambio.

El propio Maragall solía por entonces alardear de la astucia socialista en petit comité, sin intuir aún que el proceso que iba a desencadenar se cobraría su propia cabeza política tras una Presidencia de la Generalitat tan breve como turbulenta.

Eso sí: la apuesta del PSC había sido avalada por el tacticismo del propio José Luis Rodríguez Zapatero con su solemne promesa de 2003 en el Palau Sant Jordi, cuando en la campaña de las autonómicas se comprometió a apoyar el Estatut tal cual saliera del Parlament, en un momento en que hasta a su equipo más fiel les parecía quimérico que a corto plazo pudiera llegar a la Moncloa.

Finalmente, Artur Mas se puso a la cabeza de la manifestación independentista en 2012, tras el éxito de la gigantesca marcha del 11 de septiembre, con el indisimulado objetivo de convertirla en trampolín hacia la mayoría absoluta, que entonces parecía tener al alcance de la mano.

Matar al padre... y a los hijos. Cuando súbitamente disolvió el Parlament y convocó elecciones, Mas tenía 62 diputados, muy cerca de los 68 que la determina, pero el resultado fue un batacazo fenomenal porque cayó hasta 50 y tres años después incluso ha sido devorado y forzado a dar un paso a un lado cuando Convergència, ya difuminada dentro de la coalición con Junts pel Sí, no llega ni a los 30 diputados.

El gran partido histórico del nacionalismo catalán, hoy ya formalmente independentista, no sólo rompió una alianza de casi cuatro décadas con Unió Democràtica (UDC), sino que ha sido superado electoralmente por Esquerra Republicana (ERC) e incluso se plantea cambiar de nombre, enlodado por la corrupción y el 3%, desesperado por encontrar nuevas causas a las que agarrarse con otra piel.

El proceso que en psicoanálisis se conoce como “matar al padre” –intentar superarle y llegar hasta donde el progenitor no se atrevió para afirmarse–, en Convergència se ha acabado llevando por delante al padre, pero también al hijo. A todos los hijos.

A este enorme cráter catalán ya solo le faltaba el crash económico mundial, que ha convertido todo occidente en un volcán en erupción y a Europa en el epicentro del seísmo.

Al final, opina el profesor de Relaciones Internacionales Oriol Costa, la especificidad catalana tampoco sería tanta: “La crisis económica y del Estado-nación han acentuado muchas tensiones territoriales en Europa: Baviera, el norte de Italia, Flandes, la propia crisis del euro con la tensión entre países donantes y receptores… Con recursos más escasos, los que son contribuyentes netos no quieren financiar a los demás”, sostiene.

Y, si esto se ha convertido en un Barça-Madrid, con Carles Puigdemont jugando a ser Gerard Piqué, ¿a alguien le puede caber en la cabeza que el Barça financie a sus rivales?

Análisis

Cataluña-España,

una mirada histórica

Las primeras referencias a los “catalanes” datan del SXII. Sin embargo, hasta el siglo XX no existía una nación llamada Cataluña. El nacionalismo catalán se forjó contra España y solo después, a finales de 1890, se lanzó a construir su nación

JORDI CANAL

Profesor en la EHESS (París) y autor de ‘Historia mínima de Cataluña’ (Turner, 2015)

Sostenía con acierto el gran medievalista Ramón d’Abadal que era prácticamente imposible saber cuando nació exactamente Cataluña, puesto que larga e indefinida fue su gestación. Lo mismo podría afirmarse con respecto a cualquier otro territorio peninsular, ya sea Galicia, Castilla, Portugal o España. Podemos preguntarnos, sin embargo, desde cuando empezaron a utilizarse los términos “catalanes” y “Cataluña”. Estos aparecen por vez primera en el Liber Maiochilinus de gestis Pisanorum illustribus, un texto escrito, seguramente, a finales de la década de 1110 por el monje Enrique de Pisa.

Con frecuencia son los otros los que necesitan fijar las formas de referirse a un ellos cualquiera. Hubo un tiempo largo en el que se llamó de distintas e imprecisas formas a los catalanes y a la Cataluña en formación. Lo cierto es que en el noreste ibérico estaba surgiendo una entidad particular y requería ser nombrada.

Por aquel entonces, en 1137, el conde de Barcelona Ramón Berenguer IV pasó a regir Aragón, tras casarse con la niña Petronila, hija de Ramiro II el Monje e Inés de Poitiers. La unión contribuyó a impulsar el expansionismo hacia los territorios que iban a recibir el apelativo de Cataluña nueva. Una entidad que respondía al nombre de Cataluña quedaba, a grandes rasgos, formada.

La génesis de Cataluña, al igual que sucediera con otros pueblos peninsulares, tuvo lugar en una confrontación casi permanente con el Islam. Alfonso II el Casto fue el primer auténtico monarca de la Corona de Aragón. En esta unión dinástica cada una de las partes mantenía tierras, instituciones, leyes y costumbres. Dos territorios y dos pueblos, a fin de cuentas, reunidos –en tanto que estructura política plural y agregativa– bajo una misma corona.

Desde 1225 hasta 1344 tuvo lugar la impresionante aventura catalano-aragonesa en el Mediterráneo, que afectó principalmente a la región de Valencia, las islas Baleares, Sicilia y Cerdeña, además de algunas partes de Grecia. Jaime el Conquistador no anexionó Valencia y Mallorca ni a Aragón ni a Cataluña. En el caso valenciano se propuso crear un reino propio, con leyes e instituciones, una estructura más equilibrada y un peso mayor de villas y ciudades.

La Cataluña de la segunda mitad del siglo XV era un país exhausto. La coyuntura bélica fue la culminación trágica de una estructura social y económica marcada por la crisis y la decadencia. El peso del Principado en el seno de la Corona de Aragón tendió a reducirse, como iban a mostrar el dinamismo de las actividades productivas y comerciales en Valencia a lo largo del siglo XV o la mayor solidez de las estrategias políticas aragonesas.

A pesar de la recuperación que tuvo lugar en el reinado de Fernando el Católico, los catalanes hicieron su entrada en la época moderna en no óptimas condiciones. En el momento de la unión de las coronas de Aragón y Castilla, con Fernando e Isabel, los reyes católicos, la primera estaba en franca desventaja, tanto desde un punto de vista territorial y poblacional, como por los efectos de la honda crisis que vivían algunas de sus partes. Aunque la unión en la diversidad de las dos coronas, por la vía del matrimonio –una unidad dinástica, ni nacional ni de naciones–, implicara igualdad, en la práctica una era más igual que la otra. Los efectos de ello resultaron palmarios en la construcción de la Monarquía hispánica.

La española era, como la inglesa, la austriaca y otras más en la época moderna, una monarquía compuesta, en la que coexistían unidades territoriales y jurisdiccionales, que presentaban y defendían celosamente estatus particulares. Entre estos reinos y provincias, que no Estados, de la Monarquía hispánica se encontraba el Principado de Cataluña, integrado en la Corona de Aragón.

La sensación de amenaza de alguna de las partes con respecto a la entidad del conjunto con más poder y recursos era inevitable. La igualitaria unión de coronas y sus compromisos dispares con la monarquía iban a ser cuestionados en momentos de guerras continuadas y dificultades en las finanzas. Así, por ejemplo, la situación económica apurada de la Monarquía de España en las primeras décadas del siglo XVII, que se sostenía básicamente en la fiscalidad castellana y los metales americanos, impulsó al conde-duque de Olivares a solicitar una mayor contribución de los demás territorios. Se trataba de aumentar la autoridad real, a la manera castellana, sin las cortapisas constitucionales de otros territorios de la monarquía.

El conflicto se eternizó, impregnándose de implicaciones sociales, y terminó con la entrega del Principado, por parte de sus autoridades encabezadas por Pau Claris, a la monarquía francesa en 1641. El espejismo galo duró poco. En 1652, Cataluña volvía a formar parte de la monarquía española, aunque, por el tratado de los Pirineos (1659), el Rosellón, el Vallespir, el Conflent-Capcir y 33 lugares de la Cerdeña se convirtieron en una provincia del reino francés.

La guerra de Sucesión (1700-1714) fue, además de un conflicto internacional y dinástico, un enfrentamiento intrahispánico, en el que la mayor parte de la Corona de Aragón rivalizó con la mayor parte de la de Castilla. Pero ni los austracistas eran pocos en esta última, ni los borbónicos una pequeña minoría en la primera. La guerra constituyó también un conflicto entre dos Cataluñas.

La represión que siguió a septiembre de 1714 fue muy dura. El desenlace de la guerra, que conllevó la disolución de la Corona de Aragón, ofreció la posibilidad a la monarquía de llevar a cabo una reforma político-administrativa de tipo centralista y unitario. Nada excepcional, en cualquier caso, en la Europa del siglo XVIII.

Con la victoria de Felipe V se puso fin al modelo de monarquía compuesta o agregativa y coronas, reinos y principados quedaron reducidos a provincias. Cataluña iba a ser una de ellas, en la que el pactismo dejaba de ser la forma de relación con la monarquía y en la que se abolían los fueros y antiguas instituciones. No se trató ni del fin de unos inexistentes nación o estado catalanes, ni tampoco de la supresión de un inventado sistema democrático. El nuevo marco institucional y jurídico implantado en Cataluña fue compartido con otras partes de la monarquía felipista.

Entre 1808 y 1814 se desarrolló la llamada guerra de la Independencia. Aunque no pueda exagerarse el peso del patriotismo, tampoco resulta posible olvidar que las lecturas del conflicto se hicieron, desde Cataluña como en otras partes, en clave eminentemente hispánica. Pero la reducción de la guerra de la Independencia a un conflicto entre españoles y franceses es simplificadora. Esta tuvo también elementos de enfrentamiento civil, como la presencia de los afrancesados o las querellas entre absolutistas y liberales ponen de manifiesto.

En enero de 1812, Cataluña fue anexionada al Imperio napoleónico y se introdujo una nueva división territorial, con dos intendencias –Alta y Baja Cataluña– y cuatro departamentos: Ter, Segre, Montserrat y Bocas del Ebro. El Valle de Arán fue incorporado a la Alta Garona. Esta estructura duró lógicamente poco, a diferencia de lo ocurrido en 1833, en los inicios del fin del Antiguo régimen y la revolución liberal, con la nueva división de España en provincias –un término con significado e implicaciones distintos al empleado anteriormente–, cuatro de ellas catalanas (Barcelona, Gerona, Lérida, Tarragona).

España, Estado artificial. A finales del siglo XIX surgieron los nacionalismos subestatales. El catalán iba a ser el que más rápidamente se consolidara. De un triple patriotismo –nacional, regional o provincial, local– se pasó a otro identificado con una nación, Cataluña, mientras que lo local era un complemento y España se convertía simplemente en un estado artificial y prescindible. Para entender la eclosión del nacionalismo catalán deben tenerse en cuenta cuatro conjuntos de elementos. Ante todo, una coyuntura favorable. Las crisis finiseculares propiciaron la existencia de un momento de este tipo. El caso cubano mostró, además, que autonomía e independencia no eran quimeras.

En segundo lugar, un descontento manifiesto en relación con los proyectos de construcción del Estado-nación español a lo largo del siglo XIX. Se asistió entonces, de manera paralela a lo que ocurría en otros países europeos, a un proceso de construcción nacional y a la voluntad de hacer españoles, es decir, de nacionalizar una comunidad política preexistente. Los resultados iban a condicionar la emergencia o no de proyectos alternativos. La falta de solidez de la nacionalización española en Cataluña estimuló o, como mínimo, favoreció la génesis de un nuevo nacionalismo.

El tercer conjunto de elementos corresponde a los actores, esto es, personas dispuestas y disponibles para dotar de fuerza y dirigir el proceso, en especial intelectuales, políticos y profesionales. El desarrollo en la segunda mitad de la centuria de importantes movimientos románticos, anticentralistas –el federalismo o el provincialismo– y regionalistas permitió la existencia de una nutrida cantera.

Finalmente, la presencia de tradiciones, conciencias, realidades, experiencias y signos de identidad más o menos antiguos. Entre estos sobresalen la lengua, una cultura y una historia propias, las lealtades institucionales y las tradiciones jurídicas locales y regionales, la conciencia étnica y las identidades o, entre otros, las realidades socioeconómicas –la industrialización– y las experiencias históricas acumuladas.

Aunque toda nación y todo nacionalismo sean una construcción, no resulta posible emprenderla sin bases ni materiales. La convergencia de todos los elementos anteriores y sus interrelaciones permiten explicar el surgimiento del nacionalismo catalán.

El flamante nacionalismo catalán se libró desde el inicio de un proceso de construcción nacional propio, que se hizo contra España y la nación española. Antes del siglo XX no existía ninguna nación llamada Cataluña. Fueron los nacionalistas los que, a partir de finales de la década de 1890, se lanzaron al proyecto de construir una nación catalana.

Desde entonces han tenido lugar tres grandes momentos de nacionalización en Cataluña: la época de la Mancomunidad, que concluyó en la dictadura de Primo de Rivera; la Segunda República, que abocó a una guerra fratricida y una larga dictadura; y, por último, la etapa iniciada en 1980, bajo el impulso de Jordi Pujol.

La profunda nacionalización a la que ha sido sometida la sociedad catalana, tanto en las etapas pujolista (1980-2003) y masista (2010-2015), como en la de los tripartitos de izquierdas (2003-2010), explica en buena medida, junto con las crisis política –el agotamiento del exitoso modelo del Estado de las autonomías como vía para encajar la relación Cataluña-España–, económica y social y con los enfrentamientos en torno a la reforma del Estatut, la situación actual en Cataluña.

El conflicto España-Cataluña, entendidas estas como dos entidades radicalmente distintas y contrapuestas –más allá de lógicos y normales enfrentamientos entre todo y parte–, no complejas y al margen de su propia riqueza humana, es, en esencia, una invención nacionalista.

Tribuna

¡No somos menores de edad en la España del 78!

Por un referéndum

El anteproyecto de la Constitución permitía las consultas vinculantes para varios supuestos. acabaron siendo excepcionales e informativas

MARÍA EUGENIA R. PALOP

Profesora en la Universidad Carlos III

La enconada resistencia con la que ha chocado la exigencia de un referéndum en Catalunya es una muestra de lo mucho que hemos retrocedido respecto a la cultura republicana de la Constitución del 31, e incluso en relación a una cultura de la transición en la que se discutieron cosas que ahora parecen indiscutibles.

El artículo 85 del Anteproyecto de nuestra Constitución permitía someter a referéndum vinculante “la aprobación de las leyes votadas por las Cortes Generales y aún no sancionadas, las decisiones políticas de especial trascendencia y la derogación de las leyes en vigor”. La figura del referéndum acabó reducida después a las decisiones políticas de especial trascendencia y a un carácter puramente consultivo, y se eliminó también la iniciativa ciudadana o de tres asambleas de territorios autónomos para proponerlo. En ese momento fue, paradójicamente, la izquierda parlamentaria (socialistas y comunistas) la que se mostró más favorable a la jibarización del referéndum, porque temía que fuera utilizado por la derecha de forma torticera.

Pero lo verdaderamente paradójico es que todavía hoy haya quien defienda semejantes restricciones contando con la idiocia de la sociedad española o ejerciendo un paternalismo humillante y desubicado.

Hoy carece de todo sentido que no tengamos un referéndum legislativo y/o abrogatorio con carácter vinculante; que no pueda utilizarse el referéndum en el marco de una iniciativa popular, como sucede, por ejemplo, en Suiza o Italia (abrogatorio); o que el presidente del Gobierno sea el único que pueda proponer al Congreso que autorice un referéndum (con la excepción del que es obligatorio para la reforma constitucional o estatutaria).

Que las comunidades autónomas estén sujetas a la autorización estatal para convocar consultas populares por vía de referéndum (art. 149.1.32) indica lo lejos que estamos de ese Estado federal o confederal por el que apuestan algunos, y que el Tribunal Constitucional se oponga a hacer interpretaciones favorables a la profundización democrática (como ya ha demostrado sobradamente en el caso catalán) evidencia que nuestras propias instituciones están dispuestas a perpetuar el infantilismo político en el que nos enterró el texto constitucional.

Así que, frente a semejante panorama, no hace falta apelar a un discurso identitario para defender un referéndum en Catalunya (aunque es obvio que ha de existir un relato común con el que identificarse), sino que basta con asumir tranquilamente que estamos frente a la reivindicación democrática de unos ciudadanos mayores de edad que ni viven ni quieren vivir en la España del 78.

Entrevista

«Las circunstancias van a exigir que haya negociación y diálogo»

Carles Puigdemont

Exalcalde de Girona, relevo de Artur Mas de última hora como President de la Generalitat, siempre ha sido independentista. Antes pensaba que podía encajar en el Estado español. Ahora cree que se ha acabado el crédito

IGNACIO ESCOLAR / JOSEP CARLES RIUS

Director de eldiario.es / Periodista de Cataluya Plural

Carles Puigdemont (Girona, 1962) fue elegido presidente de la Generalitat de Catalunya en el último minuto. Artur Mas designó al alcalde de Girona cuando fue consciente de que el veto de la CUP a su persona era definitivo. Ahora, Puigdemont lidera el proceso que debe llevar a la “desconexión” ente Catalunya y España en 18 meses, según la hoja de ruta de Junts pel sí, la coalición que ganó las elecciones. Y, a diferencia de Artur Mas, exhibe la coherencia de haber defendido siempre la independencia de Catalunya. En sus intervenciones, insiste siempre en que el conflicto es con el Estado y no con los españoles. Pero ¿es posible romper con el Estado español sin dañar los vínculos culturales y emocionales con la sociedad española?

Mas abrazó el independentismo bajo la idea de que el pueblo catalán solo podía sobrevivir con la independencia, ¿cree usted lo mismo?

A pesar de ser independentista de siempre, durante muchos años creí que era posible lo que llamábamos el encaje de mi identidad nacional como catalán en un Estado español que creía que podía ser el mío. Pero desde hace ya bastante tiempo este camino se ha roto, no hay más crédito para dar a la España que supera la Transición, porque ha dado todo lo que podía y ya no hay más way.

¿Qué pesa más en el deseo de independencia? ¿Motivos económicos, culturales, sentimentales…?

Es un ingrediente combinado. Porque en Catalunya, una sociedad con 7,5 millones de personas, mayoritariamente de origen mestizo, que venimos de fuera, con mucha gente de la última ola de inmigración, es evidente que no hay mayoritariamente razones identitarias clásicas. Felizmente, el nacionalismo catalán nunca ha sido étnico o ha resistido la pulsiones étnicas. Ha sido evidentemente cultura, social. Y eso se expresa más cuando hay situaciones de crisis y agobio ciudadano y las estructuras institucionales no tienen respuesta. Ante la ausencia de respuesta, el catalanismo siempre ha formulado planteamientos institucionales. Lo hizo hace cien años con la Mancomunidad de Catalunya, lo hizo más tarde con el Estatuto, lo hizo en la Transición con la autonomía y ahora lo está haciendo con un Estado independiente. En cada tiempo, hemos visto cuál era el instrumento que podía servir mejor a los intereses de los ciudadanos.

¿Qué ganarían los catalanes con una Catalunya independiente?

Lo primero, respeto. Estos últimos años especialmente, pero no solo, nuestra identidad, nuestra lengua, nuestras reivindicaciones legítimas y democráticas han sido objeto de un ataque sistemático que ha afectado incluso a la dignidad. Esto se vio con especial crudeza en la sentencia del Constitucional [contra el Estatut] de 2010. Una dignidad que es siempre importante en las comunidades.

Obviamente, recursos que no son solo económicos, para dar respuesta a las necesidades urgentes e imperiosas que tiene no solo la sociedad de hoy, también la que entre todos debemos aspirar. Hay un proyecto de futuro, no solo de pasado o de presente.

Y, en tercer lugar y sobre todo, que tenemos unas excelentes relaciones con nuestros vecinos que ya son muy duraderas y muy sólidas.

¿Y cuáles serían las desventajas?

Es obvio que hay un periodo de transición, que en un principio han sufrido todos los procesos de independencia, que en nuestro caso serán los mínimos porque estamos en una sociedad democrática del siglo XXI e interconectada. No va a ser fácil, a pesar de que continuamos apostando y siempre va a haber un plato preparado en la mesa para quien quiera negociar –apostamos por la negociación–. Hay uno como mínimo de los interlocutores, aunque habrá más, que ni tan siquiera acepta el planteamiento democrático de que podamos decidir nuestro futuro. Ahí puede haber dificultades, que van a requerir mucho tiempo y un tiempo de transición largo desde la proclamación de la república. Pero lo queremos hacer con el mayor buen tono posible y la mayor voluntad de diálogo.

¿Es posible poner en marcha un proceso de independencia no traumático con la posición contraria del resto de España y de la mayoría de países importantes de la UE?

La UE no se ha expresado, por lo tanto presumir cuál va a ser su posición oficial ante una eventual independencia de Catalunya es aventurarse en un terreno poco concreto. La UE acaba de mostrar en el caso de Brexit que es capaz de hacer grandes contorsiones en poco tiempo, incluso contradiciendo principios fundacionales de la propia Europa para intentar que el Reino Unido no abandone la UE. Estoy convencido del darwinismo político de la Unión y de que va a saber encontrar seguro el acomodo de las reivindicaciones democráticas. Pero el Estado español ya ha expresado por activa y por pasiva una posición frontal no solo a la negociación sino a la misma idea de decidir. Pero nosotros vamos pasando, no vamos a esperar a que el Estado español cambie por voluntad propia. Las circunstancias van a exigir que haya negociación y diálogo. Puede darse la incomparecencia del Estado en una mesa de negociación, pero esto no es aceptable ni en la UE ni en una democracia. No creo que la mayoría de los ciudadanos españoles acepten que su Estado esté ausente de la llamada a la negociación.

Aunque la UE no haya hecho una declaración como tal, sí ha habido una declaración de Estados miembros, de jefes de Estado en la que han dejado claro su postura contraria. ¿Cómo piensan revertir esa situación?

Es que no es ninguna sorpresa. Esto ya pasó con en la independencia de Eslovenia, con amenazas muy graves de Europa… y al cabo de meses no solo se aceptó la independencia sino que inició el proceso para que fuese miembro de la UE. Insisto en el darwinismo de la política internacional y la capacidad de adaptación al entorno y a la realidad.

Usted admite que aún no existe un mandato político claro por parte de sus votantes, porque el independentismo tiene una mayoría en escaños en el Parlament y es la opción más votada, pero no tiene la mayoría absoluta. No supera el 50% del voto.

Es la mayoría política clara no solo en el Parlament, también en votos porque es evidente que los votos explícitamente a favor y explícitamente en contra están claramente decantado hacia los explícitamente a favor. En la campaña de Catalunya sí que es pot lo dijeron claramente y lo han repetido después: por favor, no nos cuenten ni con el “sí” ni con el “no”. Así que es difícil pensar sus votantes qué habrían hecho, igual que los de Unió. Por tanto, explícitamente por el “no” son muchos menos que los explícitamente por el “sí”. Sin embargo, es cierto, no hay más del 50% de los que votamos por el “sí”. Nos faltó poco, que se puede explicar en un contexto de campaña por el miedo atroz. Utilizando las patronales de los bancos y las cajas, a la Iglesia, a la Liga de Fútbol Profesional, empresas, grandes medios de comunicación… impidiendo el voto de los catalanes en el extranjero de una forma clamorosa y vergonzante. Y, sin embargo, dos millones de personas dijeron que querían tener un Estado independiente. Creo que tenemos un trabajo por hacer, es obvio, pero creo que lo podemos hacer bien en estos 18 meses, ya 16, que nos hemos impuesto y que superemos el 50% en lo que va a ser el referéndum de la Constitución.

¿Pero no debería ser el orden a la inversa: primero lograr ese 50% y luego iniciar un proceso hacia la independencia?

No, porque aquí no engañamos a nadie. Lo dijimos y está escrito en nuestro programa electoral, que íbamos a buscar una mayoría parlamentaria. Y que, si lo lográbamos, íbamos a buscar unos paquetes de leyes y un conjunto de decisiones. Ante esto, el Estado podía haber hecho otra cosa: haber hecho un referéndum. Esto ya lo propusimos, aquí y en las Cortes españolas. Esta dialéctica del 50% corresponde a los referéndum. En las elecciones parlamentarias, en todos los parlamentos del mundo, son por mayoría de escaños. Lo explicamos cada vez que se nos interrogó en campaña electoral: ¿ustedes van a necesitar el 50% más un voto para sacar adelante las leyes de la transición nacional? Y nosotros dijimos, no. Lo haremos con la mayoría parlamentaria porque esto es lo que se va a votar, se va a votar a los diputados. Si alguien quiere la dialéctica de las mayorías necesitamos un referéndum. Lo que no vale es que los que nos negaron el referéndum nos exijan ahora la lógica del referéndum para hacer unas elecciones plebiscitarias.

¿Cómo van a intentar ampliar esa base del independentismo? ¿El intento de un giro social del nuevo Govern es consecuencia de esto, de buscar por ahí una mayoría más amplia?

Es consecuencia de una convicción. Hay gente que, a pesar de los datos económicos, que algunos son positivos, y algunos claramente positivos, es cierto que hay mucha gente atrapada en las consecuencias devastadoras de la crisis. Y por lo tanto no hay correspondencia entre la recuperación económica estadística con la renta de las familias. Y ahí hay que trabajar y explicar a la gente que la prioridad de un Gobierno es el patriotismo de las personas, y no de las banderas. Hay que maximizar la capacidad que tenga de inversión un gobierno para que la gente entienda que nuestra prioridad son las personas y que este proyecto político de construir un país nuevo no es un país en abstracto es un país de personas. Por lo tanto, es a ellos a quienes vamos a dedicar todos nuestros esfuerzos.

Vamos a intentar explicarnos más y mejor con todo el buen tono del que seamos capaces. Vamos a intentar dialogar con esas franjas de la población que no son contrarias a la independencia pero que no se han manifestado a favor, hay espacio importante, especialmente metropolitano. Y vamos a intentar compartir itinerario en aquello que podamos compartir.

También nos va ayudar la ausencia del Estado, como nos ha ayudado hasta ahora. La incomparecencia del Estado en este debate, solo está a través de descalificaciones y recursos, es evidente que a mucha gente que esperaba y que espera aún una señal para aferrarse y dar crédito a lo que se llamaba antes la tercera vía o la reforma constitucional… pues aquí no hay nada. Y no va a haber nada. Ni está ni se le espera.

¿No cree que puede haber un cambio en Madrid?

Es evidente que no. No es un tema de creencias porque hace mucho que dejamos de creer en nada en ese sentido. Nos gustan los hechos. Y en el Estado español no hay cultura política suficientemente musculada para afrontar esta realidad y conciliarla en su estructura constitucional. Y cuando alguien la propone es ampliamente rechazado, como en el caso de Podemos, que ha hecho una propuesta valiente y clara y muy inteligente, pero que no va a tener ningún aliado.

Uno de los lemas de la recuperación de la democracia es ‘Catalunya, un sol poble’. 30 años después, ¿es posible que el debate soberanista cree una Catalunya dual con unas zonas fuertemente independentistas en núcleos medianos y pequeños y unas áreas metropolitanas donde existe una mayoría no independentista?

Es un poco más complicado que todo eso. La realidad es que en todas las ciudades de Catalunya hay de todo. No es tan simple como era antes con el cinturón rojo. Es muy diversa la realidad catalana, ha cambiado mucho en los últimos 15 años. Continuamos siendo una nación mestiza, de mezcla permanente y, además, la gente que llega aquí descubre que hay un elemento cohesionador que es la voluntad de ser un solo pueblo y garantizar a todo el mundo que llega o vive en Catalunya las mismas opciones. Hay un vehículo fenomenal para conseguir esto, que está siendo atacado precisamente porque es la garantía de la cohesión, que es la lengua. Creo que garantizar a toda la gente que está en Catalunya el conocimiento de las dos lenguas, el castellano y el catalán, es un elemento de fuerte cohesión social que explica que en lugares donde hay una alta concentración de inmigración, superior al 20% o 25%, a pesar de las tensiones lógicas que existen hay una fuerte cohesión social no solo por ello pero muy basada en la lengua.

Sí ha pasado que en zonas del cinturón rojo que antes ganaba el PSC, que era un partido catalanista, ahora triunfa Ciudadanos que es una partido claramente españolista y muy enfrentado a sus posiciones.

En algunas ciudades ganó Ciudadanos en las elecciones plebiscitarias y luego en las generales ganó Podemos con un programa claramente de referéndum. Sacar conclusiones muy sólidas sobre estos fenómenos que una parte tienen que ver con la mediatización de la política y los recursos económicos de algunos proyectos que son casi más de laboratorio que de realidad social me parece prematuro. La gente lo está pasando muy mal y en estos municipios se sufrió el impacto de la crisis y más cuesta ver los efectos de la recuperación. Entonces, propuestas de renovación o de cambio abrupto les interesan. Es ahí donde tenemos una base cultural para hacer entender que justamente que un cambio casi revolucionario como es crear un república dentro de la UE puede contribuir mucho a los cambios que ansía esta parte de la población.

En el marco del trescientos aniversario del 1714, se organizó un simposio bajo el título “España contra Catalunya”. ¿No deberíamos hablar de una determinada concepción del Estado español contra las aspiraciones de libertad y democracia de Catalunya?

Los simposios académicos deben ser atrevidos. Y no deben tener cotillas intelectuales. No me molesta un enunciado que pretende reclamar la atención sobre lo que históricamente fue así. Hay una cierta provocación intelectual, pero refleja un hecho acreditado.

Los organizadores hablaron de trescientos años de animadversión, expolio y represión institucional. ¿Podemos poner en la misma relación a la dictadura de Primo de Rivera, la República, el Franquismo y los gobiernos democráticos de derechas e izquierdas?

Nosotros hemos explicitado que no tenemos nada contra el pueblo español. Todo lo contrario. Vamos a tener unas relaciones excelentes con nuestros vecinos y se va a descubrir que todos los miedos que existen ante un proceso de secesión no tienen ningún fundamento. Es más, gracias a la situación política de Catalunya, finalmente España va a tener cambios políticos profundos, en la línea correcta. Así, vamos a hacer una contribución al pueblo español. Cuando se habla de “España contra Catalunya” se entiende la organización del Estado español, que es la política, pero también la economía, la iglesia, el ejército… Está el Tribunal Constitucional, que no se ha caracterizado, precisamente, por darnos masajes.

Cuando Mariano Rajoy llegó a La Moncloa en Catalunya había un 24,5% de partidarios de la independencia, según el Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat. Hoy se ha duplicado. ¿Hasta qué punto la cerrazón del gobierno del PP ha azuzado el independentismo?

En una respuesta al Partido Popular en el Parlament, dije en plan irónico: ‘Gracias, Constitucional, porque contigo empezó todo’. Quizás la actuación de este Tribunal explica la evolución de las encuestas, y de las urnas. Si lo analizamos, seguro que hay una gran responsabilidad el Partido Popular. No es el único. A mí me gustaría que alguien en el Estado español se hiciera la misma pregunta. ¿A alguien le preocupa que haya dos millones de personas que no quieran ser españolas? ¿Por qué hay dos millones de personas que quieren constituirse en un Estado independiente? Si nadie se hace esta pregunta, es que el sistema político español es incapaz de hacer propuestas para evitar que pronto seamos una abrumadora mayoría los partidarios de la independencia.

¿Ha existido guerra sucia contra el soberanismo?

Claramente. De forma muy tosca. Hemos visto informes que llevan el sello de aparatos del Estado de los que luego nadie se hace responsable, a pesar de su manifiesta falsedad. Esto es un escándalo que no ha tenido consecuencias por parte de ningún responsable político. Intuyo que hay fondos públicos destinados a organizar y difundir informes falsos, que han abierto portadas de periódicos con el objetivo de desestabilizar personas, partidos o procesos políticos. Resulta espeluznante que a nadie le preocupe unos hechos tan graves, que el Estado sea capaz de ampararlos. Representa un problema de confianza con el Estado español.

¿El Estatut de 2006 fue el último intento del catalanismo por encajar la realidad catalana dentro del Estado español?

Sí, y además fue un intento muy trabajado, que partía de la confianza en la palabra dada por el presidente del Gobierno y que, sin embargo, se truncó de forma abrupta, dolorosa y humillante con la sentencia de 2010. Ahí muchos llegaron a la conclusión de que ya estaba, que era todo lo que daba de sí. También hubo quien dijo, y a lo mejor tenía razón, que a lo mejor España no quería ser cambiada, que tiene derecho a no cambiar. El catalanismo pensaba que tenía derecho a poder cambiar España, y España tiene derecho a no cambiar. Por tanto, hasta aquí hemos llegado, ahora hay que trazar caminos amistosos pero separados.

En la última oleada independentista hay mucha gente que viene del federalismo y se pregunta si es posible pasar por la independencia para luego hacer una federación con España. ¿Lo ve posible?

Queremos alejar la idea del Estado catalán de la idea clásica de un Estado, del siglo XIX. Hablamos de independencia e interdependencia. Porque es evidente que estamos vinculados a un contexto europeo, mundial, mediterráneo que nos obliga, y vamos a ser muy interdependientes. Una de las claras interdependencias va a ser con la UE y con la idea federal de la UE, que veremos cómo se concreta. Nos vamos a sentir muy vinculados y con una enorme ambición en los acuerdos con el Estado español, porque hay vínculo muy profundos, no solo por la situación geográfica, sino culturales, lingüísticos, personales, comerciales... Vemos al Estado español como un claro aliado y aspiramos a que el Estado español también vea en el catalán un aliado a sus intereses.

En vez de lanzarse fuera de la legalidad están intentado bordearla, recurriendo a los tribunales las suspensiones o cambiando el nombre a las ponencias de las leyes de desconexión. ¿Cuál es la razón?

Nos importa el resultado final. Nos interesa el objetivo final, que es poder dejarlo todo a punto en esta legislatura para que posteriormente, a traves de un proceso constituyente, venga la proclamación efectiva de la independencia. Hemos hecho y haremos todo los posible para dos cosas: agotar todos los recursos y posibilidades que nos da el marco actual, no vamos a renuncia a ninguna competencia ni a ninguna cantidad a la que tengamos derecho, no vamos a desertar de nuestras obligaciones estatutarias, y segundo prepararlo todo de la mejor manera para que finalmente sea el pueblo catalán a través de las urnas el que decida si quiere ser o no independiente. Cómo lo hagamos, creo que a la gente no le va a inquietar demasiado, lo importantes es hacerlo.

Para cumplir con su programa electoral deben proclamar la independencia antes de la siguiente legislatura. ¿Es posible si no es unilateral?

Para poder aprobar unas leyes que son de desconexión de la ley española y de conexión con la nueva legalidad catalana, óbviamente esto no lo podemos hacer como comunidad autónoma sino como Estado. Por tanto debemos explicitar nuestra voluntad de actuar como un Estado independiente. Entraremos en un fase de declaración en la que habrá unos trabajos, se van a convocar unas elecciones constituyentes, se va a redactar la Constitución, va ha haber un referéndum sobre la Constitución y, cuando culmine esta fase, ahí sí, es donde finalmente se va a producir la proclamación de la independencia.

¿Es viable económicamente una Catalunya independiente?

Aquí es donde hay más consenso incluso en la otra parte, porque economistas que no son independentistas admiten que es perfectamente viable, que los costes de la transición son asumibles y que el efecto capital que se va a producir en la capital del Estado en las recaudaciones y en la generación de recursos propios es claramente positiva. En ese sentido no hay discusión, nadie discute ya la viabilidad económica de una Catalunya independiente, está aceptado académicamente.

¿Y es viable una España sin Catalunya?

Nosotros queremos corresponsabilizarnos de la parte de la deuda española que nos toque. Insisto en la idea de que nosotros queremos ser un socio y que no tenemos ningún interés en perjudicar a España en nada. Hay que hablar y corresponsabilizarse. No hemos parado de insistir a la gente que nos lo ha preguntado, sobre todo gente del mundo de la economía de fuera que están interesados en qué va a pasar con la deuda española, que nosotros no nos desentendemos, aquí tiene que haber la justa correspondencia de todo. Por eso cuando hablaba del diálogo, a veces no va a ser de gusto del todo, pero va a tener que existir, porque a malas nosotros naceríamos con una deuda muy baja, pero no tenemos ningún interés en sacar ventaja de esta situación. Si queremos ser miembros muy activos de la UE, España es un socio de la UE y queremos tener una excelente relación de vecindad con ella.

Uno de los asuntos que más ha crispado la opinión pública en los últimos años ha sido el tema de la corrupción. ¿Ha sido Catalunya muy diferente de España en ese asunto? ¿Ha habido más corrupción en Catalunya o en el resto de España?

No creo que debamos situar los términos en la cantidad. La cantidad está clara, las cifras que se manejan en los escándalos españoles son infinitamente mayores. Pero es que es un tema de calidad democrática. A mí no me importa si hay mucha o poca, no debe existir. Por desgracia la corrupción existe en los sistemas políticos, pero no nos tenemos que acostumbrar a la corrupción, aunque sea menor. Y que en un país, Catalunya, sea menos que en otro país, a mi no me satisface. Ver que las cifras de los casos de corrupción en Catalunya suman un porcentaje muy bajo en relación con las cifras que hay en el Estado español no me satisface para nada y no me siento nada orgulloso.

Tribuna

El reino de Espunya y la república de Catalaña

Más que Catalunya, el problema sería “España”, donde muchos no cabemos, o incluso un Madrid con una agenda de intereses propios que se mezcla con los del Estado

SUSO DE TORO

Escritor

Catalunya se está moviendo de su lugar y esto nos afecta a todos en nuestros intereses económicos, profesionales, ideológicos, sentimentales...Todos estamos implicados y casi todos tenemos una posición previa que impide atender a las razones del otro.

Porque para los españoles, los catalanes son “el otro”, antropológicamente hablando. Un “otro” que está dentro de “nuestro” espacio pero que no es “nosotros”. Al final los vascos se parecen mucho a “los españoles”; los gallegos se saben distintos y por eso se asimilan; los andaluces son de lo más peculiar pero se asume que son la esencia de España; los canarios viven en otro continente y no se les oye; los valencianos, los, las... Pero son los catalanes quienes se mantuvieron tan discreta como tenazmente distintos, mimando sus diferencias. Sí, son educados, cada uno paga lo suyo, son negociantes, un poco más ricos que la media,…Tópicos, pero que reflejan la incomodidad que provocan.

Les llaman “polacos” y lo aceptan con humor, España exalta el toro de los señoritos de Osborne y ellos celebran al humilde burro catalán. Son distintos, los jodidos. Algunos españoles los admiran, muchos desconfían y bastantes los odian.

Catalunya no es “un problema” político español. En todo caso el problema sería esta “España” donde muchos no cabemos o incluso un Madrid con una agenda de intereses propios que se mezclan con los intereses del Estado. No comprenderemos las relaciones entre España y Catalunya sin afrontar nuestra ignorancia previa. No creo que sepamos lo que es España, pero seguro que ignoramos la historia de Catalunya, partimos de lugares comunes del puro españolismo que interesa a los poderes dominantes en el Estado.

Sin conocer la Corona de Aragón, pequeño imperio a los dos lados del Mediterráneo, el Decreto de Nueva Planta, la I República y Pi i Margall, Valentí Almirall, Maciá y la república catalana, el “Per Catalunya!” de Companys ante el pelotón, el“Ja soc aquí!” de Tarradellas y tantas otras cosas no comprenderemos que Catalunya tiene una existencia histórica propia, existió y existe por ella misma. “La historia es utilizada por los nacionalismos”, sí, pero por los de un lado y por los de otro lado.

Conocernos, reconocernos saltando por encima de intoxicaciones de empresas de comunicación que no son medios y puentes sino armas y trampas. “La burguesía catalana”, pues claro que la hay, con su avaricia como todas, pero creó industrias, empresas, trabajo, arte, ciudad… ¿Y no hay burguesía en Madrid, por ejemplo? ¿Quién se sienta en el palco del Bernabéu? Todos tenemos intereses particulares. “Cataluña se arruinará si sigue por ese camino, empresas se están trasladando a Madrid”, etc. Pero en Catalunya este año pasado aumentaron las exportaciones y las inversiones de empresas extranjeras. Y, si vamos al caso, si la economía catalana se separa del conjunto de la española, ¿es España viable?

En unos meses habrá diálogo y negociación de soberanía y habrá que inventar un nuevo modo de seguirse relacionando.

Reportaje

Convergència tiene un resfriado

El partido que Pujol convirtió en referente del centro-derecha catalán ha evolucionado desde el autonomismo al independentismo, un viraje aún sin completar y reflejado en su discurso social y en un acusado cambio generacional

ARTURO PUENTE

Periodista de Catalunya Plural

Catalunya is not CiU fue el lema de una popular campaña ideada por las juventudes de ICV pero que acabó traspasando las fronteras del partido y se viralizó entre la juventud quincemayista catalana. Eran los últimos meses de 2012, el 15-M no acababa de morir y Artur Mas había convocado un adelanto electoral al calor de la primera gran manifestación independentista.

La campaña caló hondo porque apuntaba a la principal baza de CiU durante décadas: la identificación entre partido y país. En los años centrales del pujolismo la identificación funcionó también como una caricatura hecha desde la oposición, un PSC al que le gustaba presentarse como “el partido más parecido a Catalunya”.

Ninguna de las dos cosas era falsa. Pujol fue capaz de situarse en la centralidad política en un entorno en el que la hegemonía era de izquierdas, consiguiendo que los proyectos, anhelos y apuestas políticas de Convergència trascendieran la organización y se convirtieran en política nacional. Si el diplomático Klemens von Metternich hubiera formulado su famosa frase (“Cuando París estornuda, Europa se resfría”) no en la Austria del XIX sino en la Catalunya de los 80 y 90, a buen seguro hubiera observado que cuando Convergència estornuda, Catalunya se resfría.

Por eso no puede extrañar que en septiembre de 2012, cuando una manifestación independentista convocada por las organizaciones civiles desbordó cualquier previsión, muchos pensaran que Convergència había estornudado. Pero las elecciones de noviembre volvieron a castigar a los futurólogos.

Mientras se pronosticaba que Mas llevaría a su partido a rozar la mayoría absoluta, CiU perdió un 8% de voto y 12 diputados. ERC, en cambio, subió 11. ¿Estornudaba Convergència y se resfriaba Catalunya, o era justo a la inversa?

“La primera sorpresa fue en la manifestación de 2010 tras el recorte del Estatut”, observa Vicent Sanchis, exvicepresidente de Òmnium Cultural y director del semanario El Temps. “En aquella manifestación estaba el votante tradicional de CDC, pero por primera vez gritando independencia. La posterior del 2012 fue encadenada de aquella”, añade.

Liberales y autonomistas, de vuelta al Govern. Artur Mas protagonizó en 2010 el regreso triunfal de CiU a la que siempre han considerado su institución natural, el Palau de la Generalitat. Con una izquierda arrasada por el desgaste de dos tripartitos y un proyecto de reforma estatutaria frustrado en el Constitucional, el que fuera en los 90 “el chico de los recados de Pujol”, en palabras de la filósofa y escritora Anna Punsoda, se convirtió en president, quedando a seis escaños de la absoluta. Para apoyar su acción de gobierno, Mas no dudó en mirar hacia el PP. La Convergència del pinyol, liberal e incipientemente independentista, llegaba al poder con una marcada agenda de austeridad para “podar”, según decía el propio Mas, el desbocado gasto público de la Generalitat.

Es la época de los recortes más duros, de Aturem el Parlament, de la consolidación del movimiento cívico independentista y del –intento de– pacto fiscal. La llegada del PP a la Moncloa, entonces aliado en el Parlament, parecía abrir la puerta a esto último. Solo un pacto entre Madrid y Barcelona que mirara al cupo vasconavaro podría hacer sostenible la situación presupuestaria catalana, pensaba Mas.

Pero el Ejecutivo de Mariano Rajoy llegaba con otros planes. Austeridad y recentralización estaban en el mismo renglón de la agenda del PP, por lo que la centrifugación del déficit, y por tanto de los recortes, fue un acto casi reflejo para el ministro Montoro. “El día clave para Mas fue la reunión con Rajoy del 20 de septiembre”, asegura Anna Punsoda, “cuando vuelve de Madrid convencido de que no se puede hablar con el Partido Popular”.

Los empresarios, de espaldas. Para entonces, el líder nacionalista estaba comprendiendo que había emprendido un camino que lo alejaba de quienes habían sido sus principales valedores. “La Vanguardia hizo una campaña a su favor en las elecciones del 2012, pero cuando leyeron los resultados lo hicieron como si el proyecto soberanista hubiera fallado, y presentaron a Mas como un perdedor”, recuerda Punsoda.

El mundo empresarial, del que Mas provenía, le daba la espalda. “Hay que tener en cuenta que la burguesía catalana solo es instrumentalmente convergente. Para las cosas serias, en el Estado, su apuesta es el PP”, considera Agustí Colomines, profesor de Historia en la Universidad de Barcelona y director de la fundación CatDem entre 2008 y 2013. “Los Olius y Fainés no son convergentes y, por eso, cuando CDC ha tenido que elegir, normalmente ha apostado por las clases medias”, opina. La dirección de Convergència comprueba entonces que las lealtades a los poderes tradicionales ya no funcionaban como antes. Al menos así lo cree Punsoda, que considera que Mas “mira el ejemplo” de Duran, cuya fidelidad a ese mundo de los grandes empresarios y financieros contrarios a la independencia “ya no le conduce a nada”. “En ese momento, Mas se plantea que este mundo, del que había formado parte, está alejado de la realidad, y él no puede permitirse eso”, sopesa Sanchis.

‘Procés’ y ‘masisme’. De Catalunya tiraban dos fuerzas que se repelían. Por un lado la mala situación económica, la recentralización, el marcaje en corto del Gobierno central desde el Constitucional. Por otro, el independentismo, que crecía sin parar y dejaba un panorama del que se podía decir, como quienes señalan barrios de nueva construcción: “Todo esto que ves, antes era catalanismo”.

Al menos desde 2010 la base social de Convergència había comenzado su transición hacia el independentismo, pero el partido solo les había acompañado en parte. La vía medianera del “Estado propio” era solo vestigio de un catalanismo templado que ya no estaba en la calle. Si CDC no disputaba el independentismo a partidos con mucho más pedigrí en este campo acabaría en tierra de nadie. El PSC se encontraba exactamente en ese lugar, y sufría fugas de secciones locales enteras hacia el soberanismo. Así que Mas decidió caminar en la dirección que le apuntaban sus bases y convertirse en el líder independentista por excelencia.

“Intentábamos construir el masisme ya desde antes”, asegura Colomines. “Entre otras cosas porque representaba una virtud, que era aproximar al mundo soberanista a gente no muy politizada”. Según explica uno de los cerebros de aquel giro independentista, el masisme era la fórmula para sacar a CDC del “bucle de la última etapa de Pujol, que lo había convertido en un partido de derechas”.

En esta tarea se afanó entre 2013 y 2014. Mas alumbro el procés, y el procés encumbró el masisme. Para eso hizo falta remodelar los fundamentos ideológicos de Convergència hacia el secesionismo, controlar a las organizaciones civiles y desembarazarse de Unió mediante una inteligente operación que partió las históricas siglas de la democracia cristiana.

Pero no toda la rémora del pasado iba a ser tan fácil de neutralizar como Durán. En el mismo periodo, dos asuntos se empezaron a convertir en un problema gigantesco para el partido. En primer lugar, los recortes que Mas acometió con entusiasmo en su primer mandato. Tras cuatro años de sacrificio, la sociedad catalana canalizó su frustración social dando lugar a fenómenos sociales que descolocaron el escenario político –ya no solo desde el independentismo– y que tendrían su eclosión en el terremoto municipalista protagonizado por Ada Colau.

En segundo lugar, la corrupción. Entre 2010 y 2015 Convergència no ha dado abasto para achicar las aguas fangosas que inundaban la sede de Còrcega a golpe de casos de corrupción, una avalancha tan fuerte que apunta a que el partido fue una maquinaria de reparto clientelar hasta fechas bien recientes. La caída de Pujol fue un duro golpe moral, pero solo una cuenta más en un rosario interminable de procesos judiciales que han dejado las siglas de CDC en el peor estado de su historia.

Una nueva Convergència. Repasar los nombres convergentes en el Govern de Carles Puigdemont y compararlos con los que acompañaron a Mas en 2012 es observar el contundente giro que ha sufrido Convergència en solo cinco años.

En el actual Ejecutivo no queda ni rastro de personas como Germà Gordó, Felip Puig, Irene Rigau o Andreu Mas-Colell, representantes de la vieja guardia del pujolismo, de perfil liberal-conservador y más bien moderados en lo nacional. Aquellos han sido sustituidos por gente como Neus Munté, Josep Rull o Meritxell Borràs, una hornada más joven, alineada en el sector socialdemócrata y en la mayoría de casos sin historia relevante en los gobiernos de Pujol.

“Responde a un cambio generacional natural, pero en este caso acelerado por la situación del partido, que ha sido escrutado como ningún otro precisamente por el giro soberanista”, asegura Colomines. Este relevo certifica, por un lado, la necesidad de alejarse del pasado manchado por la corrupción. Por otro, la apuesta por volver a ser un partido seductor para el centro-izquierda. “Supongo que el objetivo es que nadie pueda plantearse votar contra la independencia para votar a la izquierda”, opina Punsoda.

Todas las expectativas de CDC están puestas en una refundación en la que sus diversos sectores debaten incluso abandonar las históricas siglas. Mas quiere estar ahí, con una plataforma civil desde la que reafirmar su liderazgo y encauzar la refundación en una línea perseverante con el masisme.

Las corrientes más aperturistas hablan de centro-izquierda y de estructura con dos cabezas, como el PNV. Los menos audaces siguen apostando por la “casa grande del catalanisme” como partido de masas que pueda seducir a sectores nacionalistas, no necesariamente independentistas. Pero el objetivo de todos es “ocupar la centralidad”, volver a la vieja aspiración de ser Catalunya.

Convergència intenta cambiar a toda prisa para parecerse a una sociedad que, por primera vez en 40 años, evoluciona escapándosele de las manos. El gran problema que debe solventar es que Catalunya cada vez es menos Convergència, hasta tal punto que Convergència, sobre todo sin Mas en el Palau, ni siquiera parece capaz de ser el independentismo. Y una Convergència que no es Catalunya es un Picasso sin pintura, un Ferrari sin gasolina o Sinatra con un resfriado.

Entrevista

«Hay que buscar el diálogo y hacer una política de no confrontación»

Cristina Cifuentes

Presidenta de la Comunidad de Madrid, es la líder del PP que más poder institucional acumula

IGNACIO ESCOLAR

Director de eldiario.es

La presidenta de la Comunidad de Madrid es extraordinariamente prudente en la autocrítica, pero admite que algunas cosas no se han hecho bien desde el Gobierno de su partido durante unos años en los que el independentismo se ha disparado. La entrevista se realizó a finales de febrero, en un momento en el que Mariano Rajoy está en funciones y ella destaca como la dirigente del PP con mayor poder institucional. A diferencia de otros líderes de su formación, Cifuentes no cierra del todo la puerta a una reforma constitucional y es partidaria de hablar más. “Hay más de dos millones de independentistas. Frente a eso, hay que hacer una política de no confrontación, buscar el diálogo, y tratar de reconducir la situación”

Casi dos millones de catalanes han votado por la independencia. Aún no son la mayoría, se han quedado cerca, pero han estado muy cerca de conseguirlo. ¿Cómo se soluciona esto?

Difícil solución, porque el sentimiento a favor de la independencia en los últimos años ha ido creciendo y para conseguir que esa parte importante de catalanes que no se sienten españoles vuelvan a sentirse españoles, y vuelvan a sentir la necesidad de seguir formando parte de España hay que hacer un trabajo que no es de un día para otro. Y que supone, probablemente, mucha voluntad por ambas partes.

¿Es un problema económico o es un problema de sentimientos?

Yo creo que, llegados a este punto, es más un problema de sentimientos que un problema económico. No sé si nació como un problema económico pero sí se vendió y creció diciendo que era un problema económico, pero yo creo que ahora ya se ha convertido en un problema de sentimientos. Por eso la solución es más complicada.

¿Ayudaría una reforma constitucional? ¿Hay posibilidades de que por esa vía se pudiese lograr ese anhelo de un reconocimiento diferencial para Cataluña que tienen tantos catalanes?

Cuando se habla de reforma constitucional lo importante es plantear en qué sentido. La reforma constitucional no es un tabú. La Constitución no deja de ser una ley, la ley suprema, pero es una ley. Y la propia Constitución establece un mecanismo de reforma. Yo creo que la Constitución hay que actualizarla en algunas cuestiones, y, evidentemente, es planteable una reforma. Pero, en el caso concreto de Cataluña, ¿en qué sentido? Y no solo de Cataluña, sino de quienes están planteando un cambio en nuestro modelo territorial.

¿Ayudaría a solucionar el problema catalán que una reforma constitucional admitiese que España es un Estado plurinacional?

Creo que no tienen demasiada importancia las cuestiones terminológicas. Lo importante es lo que verdaderamente hay detrás. Más allá de los nombres, lo importante es lo que esos nombres significan. Para mí el debate es si Cataluña es una nación, independiente de España, que es lo que plantean algunos, o si Cataluña es parte de España. La soberanía reside en el conjunto del pueblo español de manera indivisible. Esto no solo lo dice la Constitución española, es lo que pensamos la mayoría de los españoles y también de los catalanes. No podemos olvidar que, efectivamente, hay una mayoría en Cataluña, que, a pesar de todo, se siente española y no quiere dejar de serlo.

¿Está Cataluña peor financiada que otras comunidades autónomas?

Yo creo que no. Bueno, seguramente, estará peor financiada que algunas, y mejor que otras. Pero no es, ni de lejos, la autonomía peor financiada. Y yo, aquí, lógicamente, tengo que sacar el caso de Madrid, donde hay un agravio comparativo evidente hacia el resto de las comunidades autónomas porque tenemos una financiación muy inferior a lo que nos corresponde. Somos la comunidad que más aportamos y que menos recibimos. Yo no voy a dejar de plantear, no obstante, la solidaridad nacional. Entiendo que las autonomías que más recaudamos, las más ricas, tenemos que aportar a las que menos tienen. Pero cuando se habla de agravio, evidentemente, no todas las autonomías estamos siendo agraviadas por el actual modelo de financiación en el mismo sentido. Creo que hay que ir a un nuevo modelo de financiación.

En Alemania, por ejemplo, utilizan una principio en su modelo de financiación que es el de la ordinalidad fiscal. Consiste en que, después del reparto, las regiones más ricas no pueden quedar con menos recursos que las más pobres con las que se solidarizan. ¿Qué le parece este modelo?

Prácticamente cualquier sistema que se adoptara sería mejor que el actual. Creo que el sistema de financiación actual penaliza de manera especial algunas comunidades autónomas, entre las que se encuentra Madrid. Tiene, además, un problema: penaliza no solo por número de habitantes sino por el tipo de población, si es más joven o más envejecida. Por ambos factores, la Comunidad de Madrid resulta claramente perjudicada. Se tendrá que llegar a un acuerdo con las comunidades autónomas, porque yo creo que cuando se abre un melón, el melón del sistema de financiación, lo que tampoco puede haber es vencedores y vencidos. Probablemente todos tengamos que ceder.

El actual presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha denunciado una guerra sucia del Estado contra el independentismo, señalando la filtración de informes policiales manipulados. Por ejemplo, el que recogía la famosa cuenta en Suiza del entonces alcalde de Barcelona, Xavier Trías, que luego se demostró que era falsa. ¿Qué opina de estas acusaciones?

Me resulta difícil opinar de un tema que no conozco, pero a mí me parece que todo esto son teorías conspiratorias. ¿Qué se hayan podido cometer errores? Seguramente. Que haya podido haber algo… Pero lo que es evidente es que ha habido problemas de corrupción que afectan a personas concretas, a personalidades concretas de la política catalana. Yo, desde luego, lo que no creo en absoluto es que haya una conspiración del Estado contra nadie, ni muchísimo menos. Es más, hay incluso quien dice que ha habido un trato ciertamente desigual hacia algunos políticos inmersos en casos de corrupción en el resto del Estado español, como lo que está pasando en Cataluña. Hay personas que todavía no se explican cómo es posible que la familia Pujol continúe en calle, y no se haya tomado ningún tipo de medida cautelar, frente a la comisión de delitos muy graves, de mucho dinero

Pero, ¿cómo explicar que el caso Pujol haya tardado tantísimo tiempo en explotar? ¿Por qué hasta que no se inicia el proceso independentista no se destapa toda la corrupción de esta familia?

Es una buena pregunta y a mí me gustaría también conocer la respuesta. Y también por qué Pujol todavía está en libertad cuando otros políticos que presuntamente han cometido delitos de corrupción están cumpliendo medidas preventivas en la cárcel. Es algo que no tiene explicación.

Una pregunta que me hacen mis amigos de Barcelona cuando les llevo en coche por Madrid: ¿Por qué en Madrid apenas hay vías de peaje y en Cataluña es inevitable el peaje? ¿No cree que esas infraestructuras desiguales alimentan o han alimentado el independentismo?

En Cataluña ha habido muchísimas inversiones del Estado durante muchos años. Todo depende de con qué se compare, claro. Porque, si se comparan las infraestructuras de Madrid y de Cataluña, pues, probablemente, en algunas cosas salgamos ganando unos y en otras saldremos perdiendo. Pero lo que es seguro es que, si comparamos las infraestructuras de Cataluña con las de Extremadura, con las de Galicia, o las de Castilla La Mancha, por poner varios ejemplos, lo que es evidente es que Cataluña sale ganando claramente. Yo creo que, en un Estado, lo que hay que buscar es el equilibro territorial. Y garantizar, efectivamente, una serie de servicios y de infraestructuras a los ciudadanos. En todo caso, tampoco se puede estar permanentemente viendo un agravio. Creo que hay en Cataluña un problema real de gestión del día a día. Algunos políticos catalanes están más preocupados en gestionar el independentismo que en hacer una gestión eficaz de los recursos públicos.

Mucha gente señala la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut como el punto de inflexión que explica la ruptura con España de una parte de la sociedad catalana. ¿Cree que el PP se equivocó al presentar el recurso contra el Estatut?

La obligación de cualquier Gobierno o de cualquier partido es que se aplique la legalidad. Y la sentencia del Constitucional lo que vino a decir es que algunas partes del Estatuto no estaban ajustadas a lo que la Constitución establecía. Creo que el cumplimiento de la legalidad tiene que estar por encima de todas esas cuestiones, más allá de criterios de oportunidad política. A mí me parece, en todo caso, que tal vez deberíamos plantearnos la conveniencia de volver a implantar el recurso previo de inconstitucionalidad sobre determinadas leyes, porque, probablemente eso hubiera evitado que una reforma del Estatuto, que luego se vio que era en parte inconstitucional, se hubiera podido someter a votación.

Cuando Mariano Rajoy llegó a La Moncloa, a finales del 2011, los partidarios del independentismo en Catalunya eran apenas el 24,5 %, según las encuestas. Hoy rozan el 50%. ¿Tiene algo de responsabilidad el Gobierno de Mariano Rajoy en este espectacular crecimiento del independentismo en cuatro años?

Yo creo que habrá que hacer un análisis profundo y en serio de por qué el independentismo ha crecido de una forma tan tremenda en tan poco tiempo. Y es más que probable que también tenga que ver con la propia actitud del Gobierno. ¡No todo! Pero, evidentemente, yo sí creo que es probable que, en parte, también se deba a la actuación del Gobierno. O a la no-actuación, en algunos casos.

¿Debería haber hablado más el gobierno del PP con la Generalitat catalana?

Yo creo que ha habido bastante diálogo. Por lo menos ha habido intento de diálogo. El diálogo lo que ocurre es que siempre es cosa de dos. No basta que tú quieras hablar si la otra parte no quiere. En todo caso, por mucho diálogo que haya habido, o que hayamos intentado que hubiera, el exceso de diálogo nunca está de más, y, efectivamente, pues probablemente haya que dialogar más. Y, en el futuro también.

Es cierto que la mayoría de los catalanes todavía no son independentistas pero sí que hay una mayoría abrumadora de catalanes que dicen que la única solución pasa por un referéndum. ¿Por qué no votar?

Porque hacer un referéndum supone reconocer que una parte de España tiene la capacidad de decidir, sobre todo, sobre la totalidad. Y eso sería ir en contra del principio de soberanía nacional y del principio de igualdad de todos los españoles. Sería reconocer que el conjunto de los españoles no tenemos capacidad para decidir sobre nuestro futuro. No afecta solo a los catalanes, nos afecta a todos.

¿Por qué lo que ha valido para Quebec y Escocia no puede valer para Catalunya?

Son situaciones diferentes, son países diferentes con legislaciones diferentes. En todo caso, lo que es evidente es que hay más de dos millones de catalanes que piensan de diferente manera y frente a eso creo que hay que hacer una política de no-confrontación, buscar el diálogo, y tratar de reconducir la situación. Cosa que no es fácil porque esto siempre depende de dos, y no parece que el Gobierno catalán actual esté muy por la labor de reconducir nada. Más bien parece que lo que está es en la senda de ir avanzando, dando cada vez más pasos hacia la independencia. Evidentemente es complicado. Ojalá tuviera yo la solución y supiera cuál es el camino correcto.

El Gobierno catalán se ha comprometido con sus votantes a que en 18 meses van a poner en marcha los cimientos de una nueva República catalana. ¿Cree que van a hacerlo?

Se puede plantear lo que se quiera por parte de Gobierno de Cataluña, pero el ordenamiento jurídico tiene los mecanismos necesarios para hacer cumplir la legalidad, independientemente de quien esté al frente del Gobierno de España. No quiero poner adjetivos, pero creo que todo eso obedece a deseos de cosas que no van a ocurrir.

Llegado al extremo ¿es partidaria de suspender la autonomía, como permite la Constitución?

Es un mecanismo que es perfectamente legal, que está permitido. Evidentemente antes que llegar a eso hay otras posibilidades  y también creo que, cuando se habla de suspensión, también puede aplicarse de forma gradual. No obstante, yo creo que no es lo deseable, ni mucho menos. Siempre en la vida soy más partidaria de un mal acuerdo que de un buen pleito. Eso por principio.

Tribuna

Catalanes y reformistas

El camino para Ciudadanos es una España limpia de corrupción, moderna, contundente con lo que no funciona. Para los separatistas no hay ecosistema más cómodo que unas instituciones podridas

FERNANDO DE PÁRAMO

Secretario de Comunicación

y portavoz adjunto de Ciudadanos en el Parlament

“La Constitución, aprobada”, rezaba una exultante portada de La Vanguardia el 7 de Diciembre de 1978. Barcelona batía el record de participación, los catalanes volvíamos a hacerlo, volvíamos a ser protagonistas de las reformas de España, una vez más. Y es que ese ha sido el espíritu que ha caracterizado a los ciudadanos de Cataluña, una incesante voluntad de influir y liderar los cambios más importantes de España. Implicación, modernidad y dar la cara en los momentos importantes es lo que ha definido la participación de los catalanes en la vida pública. Sin embargo, en los últimos años el independentismo político ha renunciado a hacer política, y lo peor, ha renunciado a participar en esta nueva etapa política. Afortunadamente Ciudadanos representa todo lo contrario. Como líderes de la oposición en Cataluña, nosotros no solo queremos participar de las reformas que necesita España, sino que las estamos liderando también en el Congreso de los Diputados. Nunca antes un partido de origen catalán y con un presidente catalán como Albert Rivera había irrumpido con tanta fuerza en el Congreso.

Otros lo intentaron y fracasaron y los que van con la división por delante han quedado reducidos y lejos de influir en los cambios que llaman a la puerta cada vez con más fuerza.

¿Por qué han renunciado los independentistas a participar de las reformas? Porque el escenario ideal para el discurso de la división es el espantajo de una España que no funciona. No hay un ecosistema político más cómodo para el populismo y el separatismo que unas instituciones podridas de corrupción con una justicia politizada y de espaldas a la ciudadanía. Sin embargo, una España reformada, limpia de corrupción, moderna, que mantenga lo que funciona pero contundente con aquello que exige reformas es un escenario incómodo para aquellos que justifican su relato con el “cuanto peor mejor”. Este último es el camino de Ciudadanos, un cambio sensato que regenere nuestro país de arriba abajo.

El 27 de Septiembre la mayoría de catalanes dijeron sí a Cataluña, sí a España y sí a Europa. Sin embargo, hay otros que se han encargado de partir la convivencia de los catalanes en dos. Nosotros trabajamos cada día para superar esa incómoda barrera que separa familias, amigos y compañeros de trabajo poniendo soluciones a los problemas que tenemos todos, independientemente de la bandera que tenga cada uno colgada en su balcón.

Porque la cola del paro, los recortes y la corrupción no diferencian entre independentistas y entre los que no lo somos. Nosotros sí trabajaremos por unir los lazos entre ciudadanos y participar de las reformas de España. Porque eso es lo que hemos hecho siempre los catalanes, desde aquellos primeros diputados catalanes en las Cortes de Cádiz. Como decía Mark Twain: “La historia no se repite, pero rima”.

Análisis

La encrucijada de las terceras vías

Similitudes y diferencias entre la reforma federal del PSOE y el estado plurinacional de Podemos, que ha redoblado su apuesta después de que el PSOE minimizara su propuesta federal

MARIONA FERRER

Periodista

10 de octubre de 1974, Suresnes, periferia de París. El PSOE se relanza como fuerza política con la elección de un joven abogado sevillano en el cargo de nuevo secretario general. Felipe González pisará Madrid con una solución clara, precisa y contundente al problema territorial del Estado: el derecho a la autodeterminación de las nacionalidades de España. Pero ese programa se evaporará ya con la Constitución del 1978. Más de tres décadas después, y ante un crecimiento inédito del independentismo, los socialistas no solo han dejado atrás la España plural de Zapatero o el referéndum del PSC, sino que niegan la posibilidad de reconocer a Catalunya como nación. La receta de Pedro Sánchez al procés es diálogo, un nuevo Estatut y una reforma de la Constitución en sentido federal que no ha tardado en diluir para intentar llegar a la Moncloa.

7 de enero de 2014, Teatro del Barrio, Lavapiés, Madrid. Pablo Iglesias decide dar el paso y presenta la candidatura Podemos para las europeas. Lo apoya el manifiesto fundacional, Mover Ficha, que incluye como segundo punto de diez el derecho a decidir de los catalanes y un apoyo explícito al 9-N. La constitución de Podemos como partido culminará diez meses después en la Asamblea fundacional de Vistalegre (Madrid), que terminará con L’Estaca de Lluís Llach, hoy diputado de Junts pel Sí. Pero en el primer discurso como secretario general de Podemos, Iglesias incluirá una nueva variable al referéndum catalán: derecho a decidir sí, pero dentro de un proceso constituyente en todo el Estado. No será hasta batacazo de Catalunya Sí que es Pot el 27-S cuando Podemos, de la mano de Barcelona en Comú, dirá sí sin tapujos a un referéndum sin una reforma de la Constitución. El 20-D, Podemos demuestra que es posible ganar en la periferia de España defendiendo el derecho a decidir.

Del derecho a decidir a un federalismo de mínimos. Y de la imprecisión inicial a un apuesta cada vez más nítida por un Estado plurinacional. Son las cartas que PSOE y Podemos tienen, respectivamente, sobre la mesa. Sánchez e Iglesias comparten diagnóstico con Catalunya, pero no la solución.

Son las dos máximas expresiones de la llamada tercera vía, es decir, la opción de intentar abrir un proceso negociador para encajar la realidad catalana dentro de España. Trabajar para tender puentes que salven las diferencias lingüísticas, culturales e identitarias entre un lado y otro del Ebro y que destaquen lo que nos une sobre lo que nos separa.

Tanto Sánchez como Iglesias coinciden en que solo el “inmovilismo” del PP ha dado alas al independentismo. Pero mientras Podemos, progresivamente, ha hecho suya la lucha del PSC de Pere Navarro y el PSOE de Alfredo Pérez Rubalcaba por intentar “seducir” a los catalanes, Ferraz, obligado por los ‘vientos del sur’, ha ido limando su apuesta federalista. Y así la tercera vía ha llegado a una encrucijada: ¿es posible ponerse de acuerdo para intentar recuperar el diálogo o la relación Catalunya-España ya ha llegado a un punto de no retorno? La opción del PSOE: aparcar el debate.

El referéndum no es el único escollo entre PSOE y Podemos, que ahora lo considera “imprescindible”. También lo es reconocer a Catalunya como nación. Iglesias parte de una concepción plurinacional del Estado, una tesis compartida por el PSC: distinguir entre comunidades y naciones. Ferraz, en cambio, ya decidió en 2013 con la Declaración de Granada hablar solo de “regiones y nacionalidades”. Un debate aún no cerrado entre socialistas y que ha llevado a la contradicción hasta a Pedro Sánchez. “Yo quiero a Catalunya como nación”, proclamó en julio de 2014 poco antes de ser entronado secretario general del PSOE. Un año y medio después, justificaba así que su propuesta de reforma de la Constitución no incluyera el término “nación” para Catalunya: “El independentismo lo usa como término excluyente”.

El PSOE ha decidido de momento aparcar el debate territorial en España. Su última reacción ha sido relegar la reforma federal al último punto de su propuesta para lograr la investidura. Nada decía el documente enviado en su día a Podemos y Ciudadanos sobre mejorar en la Carta Magna el régimen de cooficialidad de las lenguas del Estado, ni sobre blindar competencias de las comunidades, reconocer las singularidades autonómicas o incorporar el principio de ordinalidad en la financiación, aspectos recogidos en la propuesta de reforma constitucional que el PSOE elaboró antes del 20-D.

Los tintes federales de Podemos. Todas ellas, en cambio, son propuestas que Podemos ha puesto por primera vez por escrito en el documento marco que ha mandado a todos los partidos para negociar un “gobierno del cambio”. Durante seis páginas, desarrolla su apuesta de Estado plurinacional, elaborada por En Comú Podem, la confluencia catalana. Aunque la formación morada ha sido reacia desde su nacimiento a utilizar el término federal, dibuja en su contraoferta al PSOE una organización territorial con elementos de federalismo asimétrico. Muestra de ello es su propuesta de crear un Consejo de Naciones y Comunidades autónomo del Gobierno que ya de por sí distingue entre estas dos categorías territoriales. No estipula, sin embargo, cuáles serían las naciones y cuáles las comunidades, y no entra en el debate de si sería razonable reducir el mapa autonómico actual.

La propuesta, además, contempla que las naciones tengan capacidad para “establecer mecanismos de concertación y bilateralidad”. Una medida que abre la puerta a pactos fiscales, la larga reivindicación de la Convergència preindependentista. Eso sí, los subordina a la previa elección de un nuevo modelo territorial que aún no pone sobre la mesa. Lo que sí define es la necesidad de un nuevo sistema de financiación autonómica que consagre el principio de ordinalidad –que Catalunya no pueda retroceder posiciones en la renta per capita en relación con otras comunidades antes y después de la recaptación–, algo que ya introducía el Estatut pero que no se cumplió.

En definitiva, pone sobre la mesa medidas que existen en Estados federales como Alemania: un marco competencial claro y en el que el Estado no pueda impulsar políticas de recentralización, dar voz a las comunidades en asuntos europeos y de política exterior, una reforma del Senado para que sea una verdadera cámara de representación territorial similar al Bundesrat alemán y una reforma del Poder Judicial para que las comunidades puedan escoger a sus miembros. Y, como guinda del pastel, propone medidas “simbólicas” como el reconocimiento de la plurinacionalidad en el DNI, las selecciones deportivas o bien un CAT en la matrícula del coche.

¿Qué modelo de Estado? Son muy pocos los Estados en el mundo que se definen como plurinacionales. Pero si uno se ha convertido en referente mundial ha sido el de Bolivia, que el 2009 aprobó una nueva Constitución donde la plurinacionalidad es el eje central para garantizar la representación y autonomía de los pueblos indígenas. El cerebro y estratega de Podemos, Íñigo Errejón, participó en la elaboración de esta Constitución, y su tesis estudia la construcción de hegemonía por parte del partido de Evo Morales, el MAS, hasta la aprobación de la Carta Magna.

Con él, poco a poco, Podemos ha ido abrazando la idea de un “país de países” que ha llegado a plasmar con la figura de un Ministerio de la Plurinacionalidad. Pero el modelo territorial de Evo no ha alterado sustancialmente el histórico patrón centralista del Estado boliviano. El MAS ha hecho campaña en contra de todas las propuestas indígenas para la descentralización y federalización del Estado.

¿Qué quiere, pues, Podemos? La bandera de la plurinacionalidad permitió a Morales crear un “significante vacío” para ganar adhesión a su proyecto político. Al igual que Iglesias se apoderó de la idea de “cambio”, ahora la plurinacionalidad se ha convertido en una arma discursiva potente que le ha permitido al partido morado sacar hasta cinco millones de votos el 20-D y ser la primera fuerza en Catalunya con una propuesta poco concreta de referéndum y sin desarrollar cómo sería el modelo territorial del Estado. Mientras, la propuesta federal del PSOE le ha rebajado a cuarta fuerza en feudos como Catalunya o Madrid.

¿Volver a la etapa de Zapatero? “Pasqual Maragall es la culminación y el agotamiento del proyecto federalista español”. Así explica el exconseller de Economía Antoni Castells la frustración que experimentó el federalismo catalán en su intento de transformar España. La sentencia en contra del Estatut de 2010 significó el ocaso de esta vía y la eclosión de un independentismo que hace una década solo abrazaba un 10% de los catalanes. Ahora, de la mano de Podemos y los ‘comunes’ de Ada Colau, ha resucitado la apuesta por un entendimiento entre Catalunya y España. Al igual que el famoso “apoyaré” de Zapatero al Estatut, Iglesias ha prometido que “Catalunya será lo que los catalanes quieran que sea”, mientras Pedro Sánchez cree que hay margen para que se vote de nuevo otro Estatut.

PSOE y Podemos coinciden en tres puntos de la reforma del estado: la necesidad de distribuir las competencias; reformar el Senado; y mejorar la financiación autonómicas. Tres puntos que, a excepción de la Cámara baja, ya incluía el Estatut. Hoy en día ya nadie pone en duda que es necesario actualizar la Constitución del 1978, pero una década después del primer Gobierno de Zapatero, el consenso aún es menor. El federalismo se ha convertido en una música que no deja de sonar, pero que con los años ha perdido la letra.

Tribuna

La década perdida

El concepto es económico pero se puede aplicar a la política. No tanto para Cataluña como para España, que sigue estancada, incapaz de definir un proyecto en el que todos los pueblos se sientan cómodos

ISAAC ROSA

Escritor

Últimamente el instrumento más útil para ver algo claro en la cenagosa escena política es la máquina del tiempo (a.k.a. hemeroteca). Súbanse conmigo, abróchense los cinturones, y despegamos. Tecleamos en el navegador la fecha elegida: 30 de septiembre de 2005, y en las coordenadas espaciales ponemos 41 grados norte y 2 grados este. Allá vamos, tres, dos, uno…

Aquí estamos. Diez años atrás. Barcelona. Parlament de Cataluña, sus 135 diputados ocupando sus escaños. Ambiente solemne. Vemos rostros que ya desaparecieron, como el president Maragall, o ese del bigote, cómo se llamaba… Sí, hombre, el que siempre salía en portada de La Razón… ¡Carod Rovira! También reconocemos a otros que siguen hoy pero poco, como Artur Mas. Mírale, qué jovenet, con diez años y un procés menos. Y ese de la tribuna, ¿no es Pujol? Sí, todavía lo tenían por molt honorable.

Hemos llegado justo en el momento en que van a votar el nuevo Estatut. Tras meses de negociaciones, reuniones y viajes a Madrid para hablar con el presidente Zapatero, que dijo que aceptaría lo que viniese del Parlament. Chisssss, silencio, que votan. Ahí está: aprobado por 120 votos, 88% de diputados. Solo 15 en contra, del PP.

Escuchad, que van a hablar. “Día histórico”, coinciden. “Una oportunidad para una España plural, una propuesta de fraternidad”, dice el president. “Cataluña no ha dado nunca la espalda a España, no nos la den ahora a nosotros”, apunta Mas. “Una mano extendida a España”, propone Carod. Da ternura verlos tan ilusionados, ¿verdad? No saben lo que viene después: el Congreso peinará y repeinará el Estatut, y pese a todo será aprobado en referéndum, aunque ya sin ERC. Después, el Constitucional le dará el tiro de gracia, y a partir de ahí procés, Diadas, crisis institucional, la consulta que no pudo ser, la que sí fue pero de juguete, elecciones una y otra vez anticipadas, plebiscitarias, hoja de ruta, 18 meses para la desconexión…

Quién sabe, quizás en algún universo paralelo las cosas salieron de otra manera tras aquel “día histórico” de 2005. El Congreso aceptó el Estatut, o al menos no lo repeinó tanto. El Constitucional no lo tumbó, y pudo desarrollarse. ¿Dónde estaríamos ahora? Ya sé que es un juego gratuito, como pensar dónde estaríamos sin crisis económica (decisiva igualmente para que muchos catalanes pensasen que con un Estado propio la habrían pasado mejor). Y tampoco sirve a estas alturas volver sin más a la casilla de salida, hay mucha tierra quemada, aunque no pocos catalanes firmarían hoy aquel Estatut.

El concepto “década perdida” se usa en economía, cuando un país o región pasa diez años estancado. Si lo llevásemos al terreno político, podríamos hablar también de década perdida. Pero no tanto para Cataluña (que le quiten lo bailao al independentismo, que ha avanzado en diez años más que en un siglo): es una década perdida para España, que sigue estancada, incapaz de definir un proyecto constitucional donde todos los pueblos se sientan cómodos.

Entrevista

«Es evidente que está agotado el modelo autonómico»

Ximo Puig

Presidente socialista de la Generalitat Valenciana junto a Compromís, del que forma parte el Bloc Nacionalista Valencià, defiende la propuesta federal

ADOLF BELTRAN

Periodista de eldiariocv.es

En el despacho del Palau de la Generalitat Valenciana donde tiene lugar la entrevista, Ximo Puig (Morella, 1959) recibió a la presidenta de Andalucía, la también socialista Susana Díaz, con la que reivindicó la reforma del sistema de financiación autonómica, un caso de fuerza mayor para los valencianos. Puig ha acabado con el populismo anticatalanista de la derecha autóctona, que se puede simbolizar en la vuelta a la región del cantautor Raimon, de Xàtiva, tras lustros de censura por las administraciones controladas por el PP. El presidente no se cansa de repetir que “la Comunidad Valenciana quiere ser puente entre Cataluña y España”.

Ha tenido que llegar usted para que un presidente valenciano normalice las relaciones con Cataluña...

Las hemos normalizado desde nuestra parte. Pero ahora que nosotros tenemos voluntad de normalizar las relaciones, Cataluña está en un proceso introspectivo. Ahora que el Consell valenciano tiene ganas de hacer cosas con el Govern catalán, resulta que están a lo suyo.

¿Por qué razón se ha llegado a la situación actual en Cataluña? ¿De quién es la culpa?

Aparte de que las responsabilidades son siempre compartidas y de que hay muchos factores, creo que el hecho desencadenante es la ruptura que se produjo tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut.

¿La reforma del Estatut fue la clave?

El Estatut no, la sentencia. El Estatut era un gran acuerdo, del Gobierno de la Generalitat, del Parlament, del Congreso, del Senado....

Y hubo una votación de los catalanes.

En efecto. Un referéndum del pueblo de Cataluña lo ratificó. Después de que la soberanía representada y la soberanía directamente ejercida llegaran a un acuerdo, la del TC fue una sentencia inconstitucional, como me ha dicho algún exmiembro del mismo.

¿Cree que con una composición distinta el TC hubiese dictado otra sentencia?

Por eso señalo que algún antiguo miembro del Tribunal me ha dicho que considera esa sentencia inconstitucional.

Usted ha dicho alguna vez que habría que volver a poner las cosas en los términos que recogía aquella reforma del Estatut. ¿Es posible hacerlo?

Más allá de que sea o no posible, desde el Gobierno de España no ha habido una contrapropuesta a la reclamación de independencia, no ha habido una alternativa. Lo primero es formular una alternativa a una situación que, de hecho, existe. Me da igual que haya un 47% o un 48% de personas que han votado a partidos que están por la independencia. Como si fuera el 51%. No se puede resolver la convivencia por la vía plebiscitaria. Es evidente que desde la perspectiva del conjunto de España hay que encontrar una salida. Por más que se quiera esconder la realidad, esa realidad existe. Y en la medida en que no haya una alternativa clara a la independencia no habrá salida.

¿Cree que no se entendió, incluso dentro del PSOE, a Pasqual Maragall cuando planteó su alternativa?

Hay que recordar que el acuerdo final sobre el Estatut lo tomó Convergència, es decir Artur Mas, con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Maragall, como todo el mundo, tiene luces y sombras en su acción política. Es una persona a quien nadie podrá negar creatividad e intuición respecto a lo que debía ser una solución al encaje de Cataluña en España. Si el TC no hubiera interferido, probablemente tendríamos un pacto para muchos años. Puigdemont hablaba del “bendito Constitucional”. A la gente que estaba por la vía independentista no le gustaba aquel pacto.

Hay una fotografía de aquel momento, en la que Rajoy presenta, a las puertas del Congreso, cientos de miles de firmas contra el Estatut recogidas en varios palés. Era el fruto de una campaña en la que el PP se empleó a fondo.

Fue una campaña alocada que no solo se basó en la legitimidad que cualquiera tiene de ir al Constitucional sino que estuvo adosada a una campaña de descrédito absoluto de Cataluña en España e, incluso, del Gobierno español. Hubo insultos a Zapatero y a los catalanes, lo que generó una fractura, mucha desconfianza.

¿En qué sentido pueden hacer los valencianos de puente para buscar soluciones?

Lo que pase en Cataluña no nos es ajeno. Tenemos una relación especial con Cataluña, conflictiva en algún momento por parte de ciertos sectores, pero en absoluto indiferente. Nosotros tenemos la capacidad de entender algunas cosas. No es razonable que entre la segunda y la tercera ciudad españolas (Barcelona y Valencia) no haya AVE cuando lo hay casi a por todas partes. Existen también complicidades de carácter cultural, a pesar de que nosotros tenemos un planteamiento diferente, desde nuestra autonomía, a la hora de entender la relación con España.

Se ha dicho que el problema con Cataluña no es tanto de competencias como de reconocimiento. Usted ha abogado por reconocerla como nación.

Como principio, una de las vías para empezar a hablar es volver donde estábamos, a un Estatut votado por los catalanes y votado por el Parlamento español. Si volvemos donde estábamos, en el preámbulo se habla del sentimiento de Cataluña como nación. Por lo menos es un inicio. En cualquier caso, la integración es tan importante que perderse en nominalismos no me parece aconsejable.

Pero a lo mejor es necesario que España se reconozca como un Estado plurinacional...

Si nos perdemos en un debate nominalista, la gente acabará situándose sobre la cuestión en posturas muy maniqueas. Tenemos que encontrar una fórmula para decir lo mismo sin que nadie se ofenda. Pero es evidente que hay un sentimiento identitario diferente en Cataluña que en La Rioja, en Murcia o en Andalucía. Cada uno tiene un sentimiento y una relación identitaria, incluso sentimental, diferente respecto a España. Y eso hay que respetarlo. Tenemos que equilibrar la singularidad de los territorios con la igualdad de los ciudadanos.

Usted tiene buena relación con Susana Díaz y ella plantea que hay que conciliar la diversidad territorial con la igualdad de las personas. ¿De verdad cree que eso es posible?

Claro que sí. Lo más importante es el diálogo y huir de posiciones dogmáticas e intransigentes.

¿Hay que recuperar un espíritu de pacto?

Cuando la Constitución habla de nacionalidades y regiones hace una distinción clara. No hablamos de descubrir América. Eso también estaba presente en la Constitución de 1931.

Parece, sin embargo, que cualquier solución pasa por reformar la Constitución. El PSOE defiende una reforma en sentido federalista...

Defendemos el federalismo, pero puede haber otras posiciones. Está claro que una vía de éxito en países de nuestras características es la federal, pero pueden existir otras. Lo evidente es que está agotado el modelo autonómico. A partir de ahí, hay que reformar la Constitución por muchos motivos, no solo por el problema territorial. Hay razones derivadas de la realidad europea, la igualdad entre hombres y mujeres o los derechos sociales para hacer una relectura de la Constitución. No es extraordinario que se reformen las constituciones. Lo que hay que mantener son los principios fundamentales, que significaron el paso de la dictadura a la democracia. Lo que es constitucional es ir actualizando la Constitución.

¿No le parece que algunos problemas no tienen que ver con las leyes sino con la educación, por ejemplo, en la pluralidad? ¿Y que algunos problemas son simbólicos?

Hay aspectos relacionados con la arquitectura institucional, como lo que atañe al Senado. Tener un Bundesrat, una Cámara donde se discuten las cuestiones territoriales, donde hay lealtad institucional y la financiación autonómica no se decide unilateralmente por el Gobierno sino de una forma compartida, donde el Estado realmente seamos todos o donde el déficit público se decide de forma coordinada. Eso es un Estado federal. Otros están relacionados con lo que usted dice. ¿Por qué no se ha instalado más en la educación en todos los territorios de España la realidad plurilingüística? Se acabó con Educación para la Ciudadanía, pero una persona de Salamanca o de Ávila ha de conocer que la realidad de España es la que es, que nosotros no hablamos en valenciano para ofender a nadie, sino porque es nuestra lengua.

¿Fomentar la bilaterialidad entre el Gobierno central y los autonómicos y de estos entre sí, y también las instancias multilaterales, ayudaría a un mejor encaje de la diversidad?

Naturalmente. La reforma de la arquitectura institucional de la que hablaba no solo debería afectar al Senado sino también fomentar las conferencias sectoriales y la conferencia de presidentes, que deberían ser normales. Se trata de concebir un Estado plural. Existen todavía raíces, convicciones y un modus operandi centralistas. Muchas decisiones se adoptan como si no existiera el Estado compuesto.

¿Qué piensa del referéndum? En algún momento, los socialistas han sido partidarios, al menos en Cataluña, del derecho a decidir.

Al final habrá una votación, debe producirse una legitimación de la nueva situación. Cómo debe llegarse a ella es la cuestión. Tiene que haber una reforma constitucional. Desde la perspectiva valenciana, pensamos que hay que cambiar el funcionamiento del Estado. No hay que hacer una reforma constitucional solo para encontrar el estatus de Cataluña en España. Hay que hacer una reformulación territorial, una reforma constitucional en profundidad y, a partir de ahí, habrá una votación del nuevo Estatut de Cataluña.

¿Lo que plantea es que haya un referéndum en el que no se pregunte sí o no a la independencia?

Es mi idea, pero ya veremos. Votar habrá que votar. Ocurre que los plebiscitos de sí o no ocultan a veces la complejidad de las situaciones. Intentar buscar una formulación tan simple a una situación compleja es un fracaso.

¿No estaría la mayoría de la sociedad catalana por la independencia?

Depende de cuándo, cómo y de qué manera. ¿Qué propuesta se le hace? Eso es lo importante. En seis o siete años no puede haberse producido un cambio tan sustancial como para que la gente que estaba de acuerdo con un Estatut esté radicalmente a favor de la independencia. Habría que ver qué afectos se han roto. No estamos solo ante una cuestión competencial. Las campañas contra Cataluña han deteriorado el afecto y la vinculación sentimental con el resto de España.

¿Debería ser prioritario para el nuevo presidente del Gobierno de España sentarse a hablar con el presidente catalán?

Lo que es una anomalía es que el presidente del Gobierno (Rajoy) no hable con el presidente de Cataluña. Tampoco lo hizo hasta mucho después de las elecciones con el de la Generalitat Valenciana. Eso forma parte de la anomalía histórica de cómo entienden ciertas élites en Madrid las relaciones con las Comunidades Autónomas. Es sorprendente la tendencia de algunos a hablar solo con aquellos con los que están de acuerdo. Eso no es dialogar.

¿Ve interlocutores para ese diálogo en Cataluña?

Me preocupa la propWia fronterización en el interior de Cataluña. Nunca había ocurrido. La catalana es una sociedad muy inclusiva. A mí, que quiero a Cataluña, que he vivido en Cataluña y tengo allí amigos, me duele ver cómo se produce una fractura dentro de esa sociedad. Hay responsables de ello dentro de Cataluña.

¿Eso impide que haya interlocutores válidos?

Los interlocutores son aquellos que han decidido los ciudadanos que lo sean. No se puede ignorar el estadio institucional. Además, existen otros espacios en la sociedad civil de encuentro y reflexión.

¿Se puede fomentar el diálogo desde Valencia?

Sí. Desde el punto de vista empresarial, hemos facilitado una relación que antes era mucho más complicada, por intereses partidistas de quienes ocupaban la Generalitat. Hay una infraestructura fundamental que nos compete a todos, el Corredor Mediterráneo. Compartimos una mirada productiva diferente a la de otros espacios. También ocurre en el ámbito cultural. Las posibilidades son muchas.

¿Su gobierno con Compromís es la demostración de que no era cierta la idea de que aquellos que defendían la unidad de la lengua y las relaciones culturales con Cataluña pretendían organizar una especie de frente independentista?

También ha habido errores en ese ámbito, en lo sentimental. Somos valencianos, hablamos en valenciano y no nos sentimos catalanes.

¿Le preocupa que llegue a existir una frontera con Cataluña en el río Sénia?

Me resulta inconcebible. No hace mucho tiempo creamos la Taula del Sénia en la que se integran alcaldes del Montsià i El Baix Ebre, en Cataluña; del Maestrat y Els Ports, en la Comunidad Valenciana, y del Matarranya, en Aragón. Sinceramente, creo que es el momento de desfronterizar, no de fronterizar. Ahora bien, hay que buscar soluciones.

Reportaje

El rompecabezas fiscal español

El sistema de financiación de las comunidades autónomas es desigual, tanto en los gastos como en los ingresos. Las ventajas financieras y fiscales del Sistema Foral Vasco y Navarro respecto al resto de regiones han quedado patentes durante la crisis

EDUARDO AZUMENDI

Periodista de eldiarionorte.es

El sistema de financiación de las Comunidades Autónomas en España es, cuando menos, complejo y, sobre todo, desigual tanto en la vertiente de los ingresos como de los gastos. Inicialmente, el sistema apostó por una doble asimetría: velocidades diferentes en la cesión de competencias y consagración de un sistema de financiación dual, el común y el foral (Euskadi y Navarra). Y sobre estas bases desiguales se fueron elaborando los Estatutos de Autonomía de primera generación y se fue organizando un modelo de financiación autonómica (modelo LOFCA) para las comunidades de régimen común sobre la base de tres pilares: suficiencia, solidaridad y autonomía.

Pero el actual sistema de financiación autonómica de régimen común requiere nuevos ajustes en profundidad. Santiago Lago-Peñas, catedrático del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo, señala los problemas más acuciantes que se arrastran desde hace décadas. “En primer lugar, las comunidades autónomas siguen siendo excesivamente dependientes de las decisiones del Gobierno central, lo que provoca que sean incapaces de resolver por sí los problemas de insuficiencia estructural o coyuntural y que su rendición de cuentas no esté a la altura de su relevancia política y presupuestaria”. Y, en segundo lugar, la equidad se aplica de forma arbitraria. “Los ajustes ad hoc que alteran por completo las reglas de nivelación de partida y la forma en que se computan el Cupo vasco y la aportación navarra son el caldo de cultivo óptimo para los sentimientos, fundados, de agravio comparativo”.

Al hablar de ingresos, hay básicamente dos tipos de comunidades: las forales (el País Vasco y Navarra), que prácticamente tienen plenas competencias fiscales y se quedan con lo que recaudan, y las de régimen común (el resto, excepto Canarias que cuenta con un sistema híbrido). Estas cuentan con un nivel mucho menor de autonomía a la hora de recaudar. En cuanto al gasto, las diferencias se producen en las competencias asumidas por unas y otras. Con este panorama, las discusiones se enconan cuando se analiza las ventajas fiscales y financieras de los territorios forales frente a los de régimen común.

Pero lo primero que hay que apuntar es que esta descentralización fiscal es un fenómeno político, no económico. No se llega hasta este modelo para lograr una mayor eficiencia económica, ya que en ningún sitio del mundo la descentralización de las regiones se hace por eficiencia económica. Todo se debe a razones políticas. “Si alguien fuera a diseñar un sistema por primera vez, desde un punto de vista económico no hay razones para la desigualdad. Los tres sistemas que existen actualmente en España deberían tener características similares. Las diferencias tienen que ver con razones políticas”, asegura Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco (UPV).

Los sistemas de régimen común y el foral (el Concierto Económico en el País Vasco y el Convenio, en Navarra) son dispares en casi todos los aspectos relevantes. Por una parte, está el aspecto financiero. El Convenio de Navarra y el Concierto de Euskadi producen muchos más recursos per cápita que el sistema común. En algunos años pueden dar entre el 60% y el 100% más. Estos recursos adicionales que otorgan el Concierto y Convenio son el elemento de desestabilización que utiliza Cataluña para justificar sus demandas de más dinero y que ha coincidido con que una parte de la sociedad catalana quiera separarse de España.

El Concierto Económico vasco y el Convenio navarro son unas peculiaridades fiscales basada en los derechos forales recogidos en la Constitución. Es el marco legal que permite que las haciendas forales vascas y navarras regulen y recauden sus impuestos. Y es un sistema blindado por la Unión Europea, que lo reconoce y avala. Gracias al Concierto económico, las haciendas vascas (en Euskadi quien recauda son las diputaciones) y la navarra deciden todos y cada uno de los impuestos para pagar sus servicios y los de la Administración del Estado. Las diputaciones forales tienen capacidad para recaudar todos los impuestos, aunque no para regular algunos como el IVA. Se trata de un caso único en Europa, ya que no hay ninguna región en la que el Gobierno central no recaude impuestos.

“El otro pilar del Concierto es el Cupo, que es el pago que hacen Navarra y Euskadi al Estado por los servicios no asumidos, incluyendo la contribución de solidaridad entre las regiones, y que se calcula por periodos quinquenales”. En este punto, Zubiri recuerda que “hay indicios racionales de que el cálculo del Cupo es demasiado bajo incluso para cubrir lo que el Estado se gasta en el País Vasco”. En estos momentos ese Cupo está fijado en el 6,24%, que se supone que es el peso del PIB vasco en el conjunto nacional. Ese 6,24% no se ha modificado desde el año 1981. Se trata de una situación delicada porque no se ha renovado el Cupo quinquenal desde 2007. La discrepancia acumulada en siete años entre lo que reclama el Estado y lo que Euskadi cree que debe pagar es de 2.800 millones de euros. Por ejemplo, en 2015 el Gobierno central presupuestó 1.525 millones como ingreso del Cupo vasco y, en cambio, el Ejecutivo vasco lo dejó en 873 millones de euros.

¿Sistema exportable? El sistema foral ha ayudado al País Vasco y Navarra a superar la crisis mejor que otras comunidades autónomas porque la caída de recaudación de impuestos ha sido menor, el Cupo a pagar se ha reducido y la base territorial del Concierto ha hecho que Euskadi se quede con casi todos los aumentos del IVA e impuestos especiales A eso hay que sumar que el acceso al crédito ha sido más fácil. Además, en el País Vasco no se ha pagado la tarifa complementaria y los aumentos del IRPF que se han producido se han quedado en la comunidad.

Mientras, en las comunidades de régimen común hay reparto de tributos. Los gobiernos autonómicos se quedan con una parte de la recaudación y el Estado con el resto. Se trata de un sistema igualitarista. Lo que busca es una igualación de los recursos por unidad de necesidad. Por ejemplo, en el caso del IRPF, el Estado fija un tipo mínimo por debajo del cual un gobierno regional no puede fijar nada, pero le deja una banda (lo que se conoce como tramo autonómico).

Muchos de los problemas del sistema común vienen porque la definición de necesidad no está bien hecha, según los expertos. “Euskadi se queda con toda la recaudación de los tributos concertados y paga el 6,24% del Cupo. Eso supone que la comunidad asume un riesgo porque siempre se paga esa factura con independencia de cómo vaya la recaudación de los impuestos concertados”, apunta Juan Antonio Zárate, exdiputado de Hacienda de la Diputación alavesa. La cuestión es que ahora el sistema le ha funcionado muy bien al País Vasco.

La realidad es que en el sistema común hay comunidades que aportan a las demás y otras que reciben. Básicamente, el sistema está financiado por Madrid, Cataluña y Baleares. Así, Cataluña mira los recursos que tiene y se compara con los que obtienen el País Vasco y Navarra por medio del sistema foral y se pregunta por qué no puede tener un sistema como el de estas dos comunidades.

¿El régimen foral es exportable al resto de España?. “Todo depende de cómo se defina el Cupo”, señala Zubiri. “Ahora, hay muy poca transparencia en la forma de calcularlo. En realidad, incluso si el Cupo se calculara de forma nítida y bien, el sistema foral seguiría produciendo más recursos y por eso no es exportable a otras comunidades autónomas. Vaciaría de capacidad fiscal al Estado, tendría que vivir de las subvenciones que le dieran la comunidades autónomas y no sería adecuado para un Estado ni siquiera federal. Pero también hay problemas prácticos, porque tendría un coste presupuestario notable, aumentaría la presión fiscal indirecta de las empresas y se sumarían otros problemas de coordinación fiscal”.

Además, no ganarían todas las comunidades. Madrid y Cataluña serían grandes ganadoras, pero en el otro extremo Extremadura (la gran beneficiada del sistema común) y Andalucía perderían mucho. Incluso generalizar el sistema foral a Cataluña supondría un gran problema. Primero por la coordinación fiscal y después porque representa una parte muy importante de España, el 18% de la riqueza. Si se retiran los recursos que aporta al resto de comunidades, “el conjunto tendría serios problemas”, recalca Zubiri.

José Gabriel Rubí, secretario general técnico del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación de Bizkaia, asegura que, desde su implantación, el sistema de régimen común ha venido lastrado por las decisiones adoptadas en su diseño inicial. Sobre todo, el coste efectivo de las transferencias asumidas por las comunidades. “Las sucesivas reformas han convertido el sistema en algo complejo y opaco, en el que la proliferación de fondos y medidas ad hoc solo han dado satisfacción a los problemas políticos del momento. Insuficiencia de recursos, ausencia de corresponsabilidad, diferencias significativas de financiación sin justificación aparente, falta de transparencia y visibilidad, carencia de un criterio claro de equidad y crecientes agravios interterritoriales han sido el resultado de las sucesivas reformas del sistema”, según Rubí.

“Las críticas al sistema de financiación común son continuas, nadie está conforme”, señala Zárate. “Las comunidades quieren más recursos y participar en un sistema que se los proporcione. Se puede recaudar más estrujando a los contribuyentes, pero ese no es el plan”.

En el País Vasco los impuestos son más bajos que en el resto de España. Incluso ahora que el tipo marginal máximo del IRPF es el 49% mientras que en España es el 45%, o el tipo del Impuesto de Sociedades va a quedar en el 28% y en el resto del país en el 25%. ¿Por qué? Pues porque el tipo es solamente un elemento del impuesto; si se analiza en su globalidad en el Impuesto de Sociedades se comprueba la larga lista de deducciones, bonificaciones y actualizaciones que contiene. Es decir, el tipo efectivo y no solo el nominal, sigue siendo más bajo. “Y en el IRPF”, añade Zubiri, “pasa lo mismo. Si solo se observa el tipo nominal sí es más alto y algunos contribuyentes concretos pagarán más, pero si se ve el conjunto del impuesto con bonificaciones, deducciones y el tratamiento de las rentas empresariales sigue siendo más bajo en el País Vasco”.

A pesar de que la presión fiscal es elevada, la realidad es que los impuestos son más bajos en el País Vasco que en el resto de España. Y es en Navarra donde están los menores tipos impositivos. Ahí surge la paradoja de que las comunidades que más recaudan son las que menores impuestos tienen, que se debe al hecho de que Navarra y el País Vasco son más ricos que la media.

Y el hecho de que los impuestos en Euskadi sean más bajos, ¿ha introducido grandes distorsiones? En el pasado sí, especialmente por la beligerante aplicación del Impuesto de Sociedades por parte de las diputaciones vascas. Y aunque ese tratamiento sigue siendo generoso, se ha producido un equilibrio tras el blindaje del Concierto (se ha convertido en una ley) y el reconocimiento por parte de la Unión Europea.

Entrevista

«Quien decidirá si este país es independiente o no es su gente»

Anna Gabriel

Uno de los rostros más visibles de la izquierda anticapitalista, es diputada de la CUP y miembro del equipo negociador con Junts pel Si

BLANCA BLAY / CARALP MARINÉ

Periodistas de Catalunya Plural

Catalunya ha iniciado con esta legislatura un proceso. Así lo define Anna Gabriel, diputada de la CUP que ha estado en la mesa de negociaciones con Junts pel Sí. Identifica el procés con la voluntad de una mayoría de caminar hacia una nueva república, pero asegura que quien decidirá si Catalunya es independiente o no finalmente será su gente. Con todo, admite que si del Estado llega un referéndum pactado no tendrán “ningún problema” en incorporarlo en la hoja de ruta.

¿Se ha llegado al momento actual porque desde Madrid no ha habido voluntad de diálogo? ¿El inmovilismo ha llevado a Catalunya hasta aquí?

Se llega al momento actual porque España no puede tolerar ni integrar en su falta de calado democrático algo tan sencillo como es un referéndum.

Si hubiera un Gobierno en Madrid dispuesto a hacer un referéndum en Catalunya, ¿Estaríais en contra de una consulta pactada?

Nunca estaremos en contra de ningún referéndum, al contrario, es lo que estamos exigiendo desde hace mucho tiempo. Pero si no llega no nos queda otra salida que adoptar nuestro propio camino unilateral y dotarnos de nuestros propios mecanismos referendarios.

El 27S, a tres meses de las elecciones generales y con un escenario incierto, se opta, pese a todo, por la clave plebiscitaria.

La población catalana se ha expresado de forma reiterada en los últimos años. Lo que no se puede pedir es que estemos permanentemente subordinados a la agenda política estatal. Nosotros iniciamos un camino y si del Estado llega un referéndum pactado no tendremos ningún problema en incorporarlo en la hoja de ruta que nosotros tenemos en este momento.

¿Cree que después de como han ido las negociaciones para la constitución del nuevo Parlament hay una parte de la sociedad que mira el procés con otros ojos?

Si esta nueva mirada al procés ha incorporado complejidad y un elemento que tiene que ver con tomar conciencia de que este pacto de investidura se ha dado entre dos fuerzas políticas con una agenda programática muy divergente, bienvenida sea. Estos tres meses de conversaciones pueden haber desesperado a mucha gente, y otros no han entendido o compartido los términos del debate. La política es complejidad y gestión del conflicto. Nunca hemos dicho que este proceso sería sencillo.

En alguna ocasión ha comentado que muchas voces de España o la “caverna mediática” de Madrid identificaba erróneamente el procés con Artur Mas y que lo veían como una estrategia suya para salvarse. ¿Con qué debe identificarse el procés?

Con lo que es: una voluntad de una mayoría de este país de caminar hacia la constitución de una nueva república. Estamos en un momento muy afortunado, que otras naciones quizás no tienen, en que podemos abrir un proceso constituyente donde puedes someter a debate si crees que tener un ejército es oportuno, si crees que la educación o la sanidad deben ser de titularidad pero también de provisión públicas, etc. Es un momento de reto absoluto. Y que esto tuviera un liderazgo político compartido y que se rompiera una lanza a favor de un nuevo liderazgo, justamente eso era tan profundo, tan potente y tan popular que no dependía del liderazgo de una única persona.

¿Cómo convencería a un ciudadano de Madrid, Cuenca o Cádiz de que Catalunya debe ser independiente?

De entrada tiene que haber un cierto interés en escuchar nuestros motivos. Desafortunadamente, el Estado, que invierte muchísimo en una política de intoxicación y desinformación, hace que mucha gente vea con más recelo de la cuenta nuestro proyecto político. El proyecto es muy consciente de los lazos históricos, familiares, de amistad y de múltiples relaciones que tenemos con gente del conjunto del Estado. Nosotros justamente hacemos hincapié en que la independencia la queremos como motor de transformación social, y aquí podemos conectar con mucha gente del Estado que también quisiera un terreno de juego más abonado para la transformación social.

¿Piensa que puede salir adelante el proceso independentista sin que haya una respuesta en Madrid que lo impida? ¿Les preocupa la respuesta?

El Estado puede intentar responder de muchas maneras. Tiene una maquinaria muy pulcra porque la lleva utilizando durante muchos años para ahogar el anhelo democrático. Nos preocupa que utilice los tribunales para hacer política, que pueda jugar con la financiación, con el FLA (Fondo de Liquidez Autonómico), que pueda subir los intereses de los préstamos para ahogar financieramente a una autonomía que ya está muy ahogada o la poca capacidad que hay para denunciar estas operaciones.

¿Cree realmente que Catalunya será independiente dentro de unos meses?

Nosotros trabajamos desde hace muchos años para hacer que este país sea independiente. Ahora nos hemos marcado una hoja de ruta de 18 meses, pero finalmente quien decidirá si este país es independiente o no es su gente.

¿Cuál debería ser el mecanismo y cuál sería una mayoría legítima?

El mecanismo en un país normal y soberano debe ser el referéndum: poder pedir a la población que se exprese en las urnas sobre un hecho muy concreto, que sería, por ejemplo, la ratificación de una declaración unilateral. Veremos en qué contexto se produce esto. Un referéndum se celebra para ganarlo. Supongo que los del “no” querrán ganar, y si ganan con un 51% harán valer este 51%. Y suponemos que si los del “sí” han obtenido este 51% también considerarán que lo han ganado. Sin embargo, es obvio que para alguien que no quiere construir las bases de un nuevo país a partir de grandes bolsas de descontento cuanto mayor sea el porcentaje mejor.

¿Cuál es la estrategia para ampliar más la base social favorable a la independencia?

Este camino hacia las bases de la nueva república se puede hacer muy consciente de cuál es la situación de este país y no de espaldas a los porcentajes de pobreza y necesidades sociales que tenemos. Tenemos que ser muy cuidadosos con todas las políticas públicas que tienen que ver con los servicios básicos: recuperación de la provisión de la salud, el papel que debe tener la escuela pública en este país o recuperación de sectores estratégicos. Emitir aquellas señales posibles de que la independencia debe equipararse a valores mayoritarios en este país, que es en su mayoría de izquierdas y que tiene una composición de gente mayoritariamente de clase trabajadora de aquí o de otros lugares del Estado y que han sudado mucho para tener lo que tienen. Conseguir que este proceso hacia la independencia tenga ese acento es la clave para atraer esta base.

Dice que la fórmula con la que Catalunya se independice depende del contexto. ¿Con qué escenarios nos podemos encontrar?

El Estado tiene muchos instrumentos para hacer valer su falta de voluntad de resolver el conflicto. De momento está usando el Tribunal Constitucional, que es una fórmula conocida que evoca a que cada vez se deslegitime más. Pero a nivel económico tienen más. Está por ver qué papel juegan determinados agentes internacionales, cómo asiste la comunidad internacional a lo que vaya sucediendo, etc. La combinación de la reacción del Estado y de la comunidad internacional es la que puede ir dibujando diferentes escenarios. Iremos viendo, no nos hemos dedicado a hacer política de prospección de laboratorio.

Insistimos, ¿la forma sería primero declaración unilateral de independencia y después ratificación a través del referéndum?

Puede ser una fórmula, dependerá del contexto en el que estemos. Lo que conllevaba la hoja de ruta era una declaración unilateral que luego pudiera ser ratificada. Algunas voces recomendarían que el referéndum de ratificación de la constitución catalana pudiera ser el mismo referéndum ratificatorio de la declaración unilateral. Hay pros y contras para las dos maneras. Estamos iniciando un proceso muy sui generis y tendremos que ir viendo que los pasos que hacemos tengan el aval de la mirada democrática internacional, que tengan también en consideración el contexto inmediato y que al final tengan la conformidad de algo que va más allá de dos partidos políticos.

¿Al día siguiente de la independencia habrá estabilidad política en Catalunya?

En una Catalunya independiente puede haber cualquier cosa que puede haber en un país independiente: mayorías parlamentarias muy sólidas, inestabilidad parlamentaria, no crear posibilidades de conformar gobierno como en España, gobiernos intervenidos...

¿Qué pasará con los partidos que no apuestan por la independencia?

¿Qué rol hemos tenido hasta ahora los partidos que apostamos por la independencia? Hemos hecho política a muchos niveles, no solo el institucional, y hemos trabajado para que el anhelo independentista sea mayoritario. Si en un país independiente hubiera gente que creyera que esta independencia no vale la pena y consiguieran trabajar por una nueva anexión a España, pues es una opción.

Tribuna

Las piezas del puzle

El principal error de Rajoy ha sido pensar que el bloqueo puede ser eterno. Las rendijas pasan por un estado plurinacional o una consulta

ANTONIO FRANCO

Periodista

En los pulsos políticos los bloqueos pueden ser largos, pueden ser muy duraderos, pero no eternos. El principal error de Rajoy respecto a Cataluña ha sido ignorar este principio. Puede tener sentido ganar tiempo si es para intentar resolver los problemas de fondo que han creado un conflicto. Pero ganar tiempo y dedicarlo al quietismo conduce a una situación cada vez más inestable. España no será estable ni próspera si tiene dentro una Cataluña en la que la mitad de su población se sienta rebelde, aunque sea de forma pacífica.

Los datos del bloqueo

1. Rajoy ha hecho solo política declarativa respecto a la independencia catalana. Su trinchera dialéctica: “No puede hacerse, ni siquiera está prevista en la Constitución”.

2. Rajoy ha evitado cualquier consulta –informativa o trascendente– sobre la correlación interna en Cataluña entre independentistas y partidarios de no separarse si hubiese cambios reales. También se ha opuesto a relecturas de la Constitución sobre la posibilidad de una consulta y a su futura reforma. Su política declarativa la ha ceñido a que “los ciudadanos de cualquier punto de España tienen los mismos derechos que los catalanes para decidir el futuro de Cataluña”.

3. Artur Mas ha asentado en una amplia franja de la opinión pública catalana el convencimiento de un empobrecimiento y humillación de Cataluña por la dependencia de España. Ha hecho lo mismo con la idea de escasos costes –y múltiples ventajas– de una independencia. También les ha instalado la convicción de que la independencia es posible.4. La posibilidad de que los independentistas consigan una negociación bilateral con España sobre la independencia en este momento es prácticamente nula. Es una situación similar a la vivida en España por los abertzales, que la ponían como condición para disolver definitivamente a ETA. No lo han conseguido.

5. En los cuatro años del pulso el peso electoral del independentismo ha subido desde un 20% a más del 40%. Muchos catalanes creen que si Rajoy continúa gobernando o si no se produce un desbloqueo, en las próximas elecciones el independentismo superará el 50%, con ERC como primera fuerza del Parlament y gozando de centralidad, con partidos a su derecha y su izquierda que, salvo Ciudadanos, parte del PSC en declive y lo que queda de la marca regional del PP, o son soberanistas o rechazan una Constitución española que no reconozca la condición plurinacional del Estado.

Las posibles rendijas

A. Anunciar un cambio constitucional que incluya la condición plurinacional del Estado dentro de la unidad.

B. Celebrar una consulta. Podría ser en toda España (con una lectura particular en Cataluña) o solo en la autonomía catalana. En ambos casos mediría la aceptación de que el cambio constitucional conduzca hacia una federación inequívoca de las naciones españolas. Lo primero proporcionaría datos trascendentes sobre otras comunidades estratégicas; si se hiciese sólo en Cataluña quedaría clarificada la relación de fuerzas interna. Una alternativa podría ser otra consulta que mida la aceptación en toda España de un replanteamiento específico de la descentralización en Cataluña y, quizás, en las otras comunidades históricas.

Hay, por lo tanto, creo, posibilidad racional de desbloqueo.

Análisis

España y Catalunya,

dos nacionalismos frente a frente

La confrontación entre las aspiraciones soberanistas catalanas y la reacción del españolismo marcan la historia y el futuro del país. Son dos proyectos políticos que se retroalimentan y que construyen universos simbólicos contrapuestos con el objetivo de conquistar la hegemonía y el poder

JOSEP CARLES RIUS

Periodista de Catalunya Plural

Los manuales clásicos recuerdan que el poder se ejerce mediante la coacción. Pero el poder es mucho más sólido y perdurable si se basa en la construcción de significados en las mentes de los ciudadanos. El sociólogo Manuel Castells recuerda en su libro Redes de indignación y esperanza que “la construcción de significados en la mente humana es la fuente de poder más estable y decisiva. La forma en que pensamos determina el destino de las instituciones, normas y valores que estructuran las sociedades. Muy pocos sistemas institucionales pueden perdurar si se basan exclusivamente en la coacción”. Por eso, añade, “la lucha de poder fundamental es la batalla por la construcción de significados en las mentes”.

Sin la construcción de marcos mentales sería impensable la fuerza ideológica de los nacionalismos. Porque surgen de causas objetivas, pero su esencia pasa por la construcción de universos simbólicos, en los que la contraposición al “otro” tiene un papel fundamental. La historia de España no puede explicarse sin la dialéctica constante entre los nacionalismos. Unos, los que representan a las naciones sin Estado, se expresan como reivindicación. El otro, el nacionalismo con Estado, el español, se manifiesta sin pronunciar su nombre. Incluso negando tal condición, pero plenamente consciente de que dispone de los dos grandes instrumentos, el de la construcción de significados y el de la coacción. Frente a este nacionalismo disfrazado de patriotismo, el nacionalismo catalán solo tiene el primero de los poderes, el de la construcción de marcos mentales. El del combate por la hegemonía.

Todos los sistemas institucionales son un reflejo de las relaciones de poder. De la interacción constante entre poder y contrapoder, que compagina a lo largo de la historia momentos de estabilidad y otros de mutación, de cambios acelerados y trascendentes. España vive uno de estos instantes. Y en esta pugna por reescribir el relato, por afianzar o conquistar hegemonías, vuelven a entrar en juego dos nacionalismos frente a frente. El confeso, el catalán. Y el español. El que no se reconoce a sí mismo, pero existe. Claro que existe. Las portadas de la mayoría de los periódicos editados en Madrid lo recuerdan diariamente de forma diáfana. Aunque, en la política, el nacionalismo español se expresa de forma discreta porque tiene a su alcance el Boletín Oficial del Estado, la financiación, el dibujo de las infraestructuras… Y, de vez en cuando, de forma descarada. Como el 10 de octubre del 2012, cuando en una sesión parlamentaria, el ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert, dijo que “nuestro interés es españolizar a los niños catalanes”.

En Catalunya, el nacionalismo constituye una bandera reivindicativa y, en consecuencia, puede expresarse como un movimiento de autodeterminación, de libertad.

Historia compartida, que no común. Sin necesidad de subterfugios. Tanto es así, que el nacionalismo organizó en el año 2014 un simposio titulado España contra Catalunya para definir los últimos 300 años de historia compartida, que no común. Según los organizadores, el “encuentro científico” debía analizar “la influencia de tres siglos de españolismo en Catalunya”, tres siglos de “animadversión, expolio y represión institucional, política y administrativa”. Tres siglos en los que aparecen culpables tan diversos como la dictadura de Primo de Rivera, la República, el Franquismo y “los gobiernos democráticos de derechas e izquierdas” (sic).

Es la simplificación del relato, del significado, del marco mental que intenta apuntalar una determinada hegemonía. Pero la realidad siempre acaba siendo mucho más compleja y plural. En este simposio intervino Josep Fontana, prestigioso catedrático de Historia y reconocido como un intelectual de referencia en Catalunya. Fontana dedicó su intervención a poner en contexto el acontecimiento que motivaba el simposio: la derrota de Catalunya frente a las tropas borbónicas en 1714. Fue una tragedia para Catalunya. La pérdida de sus libertades, de sus incipientes instituciones democráticas y el principio de la represión. Pero, cuenta Fontana, también fue una catástrofe para el conjunto de España.

“Los catalanes – explicó Fontana en el simposio– eran verdaderamente conscientes

de que su lucha era también ‘por la libertad de todos los españoles’. Su derrota significó, en efecto, que las posibilidades de evolución política de la Corona de Castilla se aplazasen al menos un siglo”. Fontana recordó que así lo había admitido en 1932 el presidente Manuel Azaña cuando dijo: “El último Estado peninsular procedente de la antigua monarquía católica que sucumbió al peso de la corona despótica y absolutista fue Cataluña; y el defensor de las libertades catalanas pudo decir, con razón, que él era el último defensor de las libertades españolas”. La guerra que denominamos de Sucesión fue esencialmente, en palabras de Fontana, “una pugna entre un sistema político que apuntaba en una línea de progreso y democratización y un poder monárquico absoluto, fundamentado en la conservación del dominio feudal de la tierra”.

No fue, pues, el principio de “España contra Catalunya”, sino de un régimen contra las aspiraciones de progreso y democracia de los ciudadanos, catalanes y españoles. Como cuando españoles y catalanes lucharon juntos para defender la República frente a los franquistas, que se autoproclamaban “nacionales”. Porque el franquismo convirtió el nacionalismo español (el nacionalcatolicismo, para ser más concretos) en la ideología sobre la que descansó toda la arquitectura institucional de la dictadura. Fue la ideología de “la nación única e indivisible” que sigue presente en la derecha española. Y en los complejos de buena parte de la izquierda.

Es también la simplificación que reduce el conflicto entre un nacionalismo en positivo, el catalán, frente a un nacionalismo reaccionario español. Y olvida de esta forma la tradición de un nacionalismo liberal y progresista, que arranca de la Ilustración y de las Cortes de Cádiz; continúa con el liberalismo progresista, representado por Larra, el Sexenio Revolucionario y la corriente liberal de la Restauración, expresada por el republicanismo, y que llega a Galdós, la Generación del 98, Azaña u Ortega.

Con el fin del franquismo, buena parte de la sociedad española y catalana creyó que se podía recuperar un proyecto de convivencia sobre las bases de la Constitución española de 1978 y del Estatut de 1979. Pero la interpretación de estos textos fue restrictiva y en sentido contrario al espíritu inicial de la Transición. En otras palabras, fueron interpretados desde la visión del nacionalismo español. Y el resultado es conocido.

El catalanismo hegemónico. Durante años el catalanismo fue hegemónico en Catalunya. Acogía desde el nacionalismo de Jordi Pujol al federalismo de Pascual Maragall y tenía como principal objetivo el autogobierno, pero tenía también la vocación de participar en el progreso de España y la voluntad de proyectarse al mundo. Los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 fueron el momento culminante de esta triple aspiración, y Catalunya contó en aquella ocasión con la plena sintonía del conjunto de España. Fue, posiblemente, el último gran proyecto compartido. A partir de aquí, la incomprensión fue creciendo y culminó con la segunda legislatura de José María Aznar, cuando el nacionalismo español se expresó “sin complejos”. Como reacción, el catalanismo quiso reescribir su relación con España y se embarcó en la redacción de un nuevo Estatut. Era el último intento de encontrar un verdadero encaje de Catalunya en España.

El portazo del Tribunal Constitucional a un Estatut que había superado un escrupuloso proceso democrático (aprobación en el Parlament, el Congreso, el Senado y en referéndum) significó un verdadero cataclismo en Catalunya. El Estatut representaba para la mayoría de los catalanes el mínimo denominador común de sus aspiraciones nacionales. A partir de aquí, el catalanismo se quedó sin argumentos, se decantó hacia el nacionalismo que, a su vez, transitó rápidamente hacia la apuesta por la independencia. Para escribir este nuevo relato, los argumentos eran contundentes.

El primero, el déficit fiscal. Catalunya se sentía ahogada, sin fuelle, con los índices de pobreza y desigualdad disparados, y obligada a pedir ayuda –un rescate– a las arcas del Estado. Una petición que muchos catalanes consideraron humillante, especialmente cuando se convirtió en un arma dialéctica por parte de la caverna mediática española. Y que coincidía en el tiempo con el crecimiento de la concepción radial de las infraestructuras, con aves que confluían en Madrid a menudo sin apenas pasajeros, mientras el servicio de cercanías en Barcelona se convertía en un calvario y las obras del eje Mediterráneo se eternizaban.

El otro gran agravio que sentía buena parte de los catalanes afectaba al núcleo central de su identidad, la lengua. La obsesión por crear un problema de convivencia entre el catalán y el castellano por parte del nacionalismo español provocó una profunda herida entre una población que vive con plena normalidad el uso de los dos idiomas. Precisamente, la lucha contra la inmersión lingüística en las escuelas está en la génesis de Ciutadans, la expresión del nacionalismo español en Catalunya. “Catalunya, un sol poble” (“Catalunya, un solo pueblo”) fue uno de los lemas que acompañó la recuperación de la democracia. Treinta años después, existe el riesgo de dibujar una Catalunya dual, con comarcas abrumadoramente soberanistas frente a áreas metropolitanas con mayorías no independentistas.

Durante la Transición, casi todas las fuerzas políticas se conjuraron para cohesionar la sociedad, para evitar la creación de dos comunidades según fuera su origen y su lengua. Hoy, donde tradicionalmente ganaban partidos que apostaban por la cohesión social y de tradición catalanista, crece Ciutadans, un partido de reacción, nacionalista español y conservador en el campo ideológico.

El soberanismo insiste en que su contrincante es el Estado español, pero no España. La cuestión está en si es posible enfrentarse al Estado sin dañar los vínculos culturales y emocionales con la sociedad española. Sin duda, las relaciones entre las sociedades catalanas y españolas precisarán en algún momento de una cierta reconciliación, después de que sectores del nacionalismo catalán y del nacionalismo español han alimentado la animadversión en beneficio propio. El reencuentro pasa por el reconocimiento de la identidad nacional de Catalunya. Una buena parte de los catalanes tiene un profundo sentimiento de pertenencia a una nación, la catalana. Un sentimiento transmitido de generación en generación hasta perderse en el tiempo. Muchos, la mayoría según las encuestas, hacen compatible estos sentimientos con raíces y vínculos emocionales también muy antiguos y que parten de la historia y la cultura compartidas con España.

PP, PSOE y el nacionalismo. Para la derecha española resulta inconcebible aceptar que Catalunya es una nación. Una de sus razones de ser está, precisamente, en la defensa del Estado-nación. De un Estado al servicio de una única nación, la española. El Partido Popular sabe que nada cohesiona más a sus bases que practicar el nacionalismo español frente a Catalunya, la catalanofobia, sin importarles los daños irreversibles que dejan por el camino. El PSOE no ha utilizado Catalunya para ganar votos en el resto de España. Resulta injusto cuando se formula esta acusación por parte del nacionalismo catalán. Pero los socialistas no saben cómo hacer compatibles las aspiraciones de Catalunya con la opinión pública de sus grandes feudos electorales. Ni, tampoco, con una vieja guardia que aprovecha todas las tribunas posibles para ejercer un rancio españolismo.

El pleno reconocimiento nacional de Catalunya es la llave para abrir el diálogo que podría resolver la fractura que ya existe entre amplios sectores sociales de Catalunya y de España. Es el punto de partida imprescindible para reconstruir los puentes que han demolido tanto unos como otros. Es la llave para arrebatar el monopolio del concepto de nación a quienes lo usan para blindar su poder. A quienes utilizan este sentimiento para dividir a los ciudadanos; para ocultar la corrupción y la mala gestión de sus gobiernos. A quienes hacen buena aquella sentencia de Samuel Johnson, que consideraba el patriotismo como “el último refugio de los canallas”

Tribuna

Estamos a tiempo

Un estado resiliente es aquel que utiliza los mecanismos existentes para acometer los cambios que permitan acomodar a los entes que lo conforman

MARIOLA URREA CORRES

Profesora Titular de Derecho Internacional Público de la Universidad de La Rioja

El 2012 parece la prehistoria en términos políticos y, sin embargo, fue entonces cuando Mariano Rajoy dio lectura a la primera declaración del presidente de Gobierno sobre «la cuestión catalana». En ella se comprometió a “dialogar todo lo que sea dialogable” y expresó tener tendida la mano “al consenso y a las reformas acordadas, pero siempre en el marco que delimita la Constitución”. También manifestó su plena disposición a “recomponer consensos debilitados y acomodar mejor las demandas de diversidad”. A la vista de cómo han discurrido los acontecimientos desde entonces, quizás no sea excesivo señalar que el presidente o bien no pensaba hacer nada de lo que decía o, quizás, no decía nada de lo que realmente pensaba.

Entre tanto, la Generalitat ha venido escenificando un gran desencuentro con España pretendiendo justificar así la necesidad de ejercer el «derecho a decidir» del pueblo catalán. La historia ya es conocida: la celebración de un pseudo proceso de consulta no vinculante jurídicamente y la convocatoria de elecciones autonómicas —celebradas bajo la retórica plebiscitaria— que ha dado como resultado un Gobierno dispuesto a cumplir la declaración del Parlamento catalán, también recurrida ante el Tribunal Constitucional, que insta a iniciar “un proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de República” mediante la adopción, en un plazo de 18 meses, de “las medidas necesarias para abrir este proceso de desconexión del Estado español”.

El relato descrito evidencia que los actores implicados en el proceso no han acertado con el método adecuado para canalizar y, en su caso, estudiar una actualización de la relación jurídico-institucional de Cataluña con España, dentro de los cauces que ofrece la Constitución. Nos encontramos, más bien, ante una relación enquistada políticamente y varada en un entramado de procesos judiciales que, más allá de su oportunidad, difícilmente aportan soluciones a la cuestión de fondo que requiere, siempre, una aproximación política. De hecho, un Estado resiliente es aquel que utiliza los mecanismos existentes, para acometer los cambios que permitan absorber las discrepancias de los entes que lo conforman hasta acomodarlas a un nuevo statu quo en el que las partes encuentran acomodo a sus pretensiones y el Estado vuelve a resultar fortalecido.

La reforma constitucional no es, por tanto, un ejercicio de rendición ante presiones injustificadas. No puede plantearse como una amenaza al sistema, ni a la unidad de España. La reforma constitucional es el instrumento que permite al Estado adaptarse a una crisis, reacomodar sus estructuras y salir reforzado de la misma. El talento político implica, no lo olvidemos, percibir el momento oportuno para activar los mecanismos que afronten con naturalidad las reformas necesarias para que el sistema no implosione. Desafortunadamente, desde al menos 2012 hemos consumido un tiempo muy valioso, lo cual nos impide entretenernos en disquisiciones acerca de si existen las mayorías parlamentarias para afrontar una reforma constitucional que encauce la situación de Cataluña o si disponemos de un consenso que solo descubriremos cuando el proceso llegue a su fin, fruto de negociaciones y concesiones mutuas. La cuestión política que, a mi juicio, debe ocuparnos hoy es averiguar si todavía estamos a tiempo de afrontar la situación con Cataluña por el cauce constitucional o si, en realidad, hemos cruzado ya el Rubicón.

Entrevista

«La gestión neoliberal de la crisis ha servido para un proceso de recentralización»

Xavi Domènech

Historiador y político. Diputado, portavoz adjunto del grupo Podemos-en Comú-en Marea en el Congreso

AITOR RIVEIRO

Periodista de eldiario.es

Xavi Domènech (Sabadell, 1974) es el líder de la candidatura que el 20D ganó las elecciones en Catalunya. Portavoz adjunto del grupo Podemos-En Comú-En Marea en el Congreso. Hombre de Ada Colau en Madrid. Persona de confianza de Pablo Iglesias. El Gobierno ideal del líder de Podemos contaría con Domènech como ministro de la Plurinacionalidad para remendar, desde el municipalismo, los desgastados costurones que tejieron España en los acuerdos del 78. Un momento superado pero que este historiador ve con paralelismos con el actual.

¿Cuáles son los ejes principales del modelo territorial que proponen Podemos y las confluencias?

No hacemos una definición porque hay que hacer un debate previo. El modelo del 78 está agotado, pero a la vez revisitando aquel momento histórico vemos que había bastante más claridad de ideas que en la actualidad.

¿En qué sentido?

Hay varias ideas. La de “nación de naciones” viene de la que defendía Gregorio Peces-Barba. El artículo 2 supone un doble reconocimiento: la unidad de la nación española y una cosa que se llamaban nacionalidades, que eran previas. Miquel Roca apunta a que hay un Estado plurinacional con soberanías originarias que se transfieren a una nueva. Se reconocía que el Estado se articulaba sobre una realidad plurinacional. Esto ha desaparecido.

¿Qué ha pasado para que aquel debate se haya olvidado?

Esa construcción de una realidad plurinacional no se dio, y vivimos la de un Estado nación a partir de la nación española que no integraba a las demás sino que las convertía en subalternas. Tiene que haber un reconocimiento previo de la realidad plurinacional. Luego podemos afrontar el debate sobre el modelo conjuntamente con otras realidades que se expresen de otras maneras.

¿Y el derecho de autodeterminación?

En los debates del 78 un diputado de UCD dijo una frase que leída hoy en el Congreso sería motivo de escándalo: “No hace falta integrar el derecho de autodeterminación porque si algún día hay un pueblo en España que se plantea la posibilidad de irse no habrá Constitución que lo pare”.

¿Cómo lo interpreta hoy?

Cuando se habla sobre el derecho a decidir se dice aquello de que se fragmenta la soberanía. Y las soberanías no se fragmentan, se construyen. Igual que decía Ernest Renan que la nación es un plebiscito diario, muchos dirigentes de España han dado por sentadas demasiadas cosas, hasta el punto de que ese proyecto común se ha desvanecido en muchas partes del Estado.

¿Había al otro lado de la trinchera quien no tenía problemas con que no se desarrollara lo debatido en 1978?

A los nacionalismos conservadores que fueron centrales en esas construcciones les iba bien. CiU fue un partido de Estado que garantizaba gobiernos a unos y otros. También nos tenemos que poner en cuándo se produce el debate del 78 y en el posterior golpe de Estado. Más allá de lo que pasó en los 80 y en los 90, el sistema ha entrado en crisis.

¿Por qué lo que valía ya no vale?

En el caso de Catalunya, por la sentencia del Estatut. Fue refrendado por el Parlament, el Congreso y por un referéndum. Después llegó una sentencia que cortó con eso que había sido refrendado por distintas realidades de expresión de soberanía. También hay que tener en cuenta la crisis. Su gestión la convierte en una crisis de soberanía porque las decisiones sobre las vidas no tienen nada que ver con los votos, sino que se toman en otros sitios.

Pero esas decisiones no se toman en Madrid, no se toman en el Congreso.

La forma de aplicarlas es de arriba a abajo, desde los grandes poderes financieros y la troika, y desde el centro a la periferia. Como la Ley Montoro de 2012 o la aplicación de los recortes. El modelo de gestión neoliberal de la crisis sirve para una recentralización que los dirigentes del PP tenían en mente hace años.

En su propuesta programática hablan de “naciones” y de “comunidades políticas”. ¿Qué diferencias hay?

El artículo 2 de la Constitución ya dice que España se constituye por nacionalidades y regiones, pero no todo se explica por naciones históricas y comunidades autónomas porque hay expresiones diferentes. Unas culturales, otras son construcción de identidades propias que igual no quieren expresarse como identidad nacional. Hay una diversidad muy grande.

¿Por ejemplo?

Me voy a meter en un jardín pero al final habrá que meterse (ríe). En el 78 están las comunidades que se constituyen por la vía rápida, que no forman asambleas parlamentarias sino parlamentos. Andalucía, por ejemplo, hace un referéndum muy interesante porque no cumple las reglas y aún así se acepta. Los problemas jurídicos a veces se solucionan con un poquito de imaginación. ¿Eso quiere decir que Andalucía se expresa como una nación? Yo creo que los debates en Andalucía no van por ese camino. Pero tampoco van por el camino de decir que son una región. Esa realidad debe ser contemplada.

Pero ustedes sí tienen un modelo, aunque esté abierto a debate. ¿Plantean diferencias reales entre cada comunidad política?

Debemos tener un debate sobre qué quiere cada uno y no un debate sobre cómo construimos un modelo homogeneizado. De ahí el Ministerio de la Plurinacionalidad. Debe haber un debate previo, porque si no las cosas no son creíbles. Por ejemplo, el federalismo que ahora expresa el PSOE es una propuesta reactiva que durante los años que gobernó no se dio.

Hablaba de la recentralización del PP aprovechando la crisis, pero su propuesta de Ley 25 permitiría que el Gobierno legisle sobre medidas que son competencias de las CC AA. ¿No hay una contradicción?

Creemos en un modelo que parta de una redistribución de la capacidad de inversión y de competencias que vaya más allá del nivel Estado-Comunidades. Porque tenemos un problema gravísimo, que solo el 13% de los recursos va a los municipios, que son los que están absorbiendo los principales impactos de la crisis. Hasta que se arregle, las políticas de emergencia social deben partir desde cualquier nivel. Que propongamos medidas de emergencia social no quiere decir que estemos atacando las competencias autonómicas.

El documento también habla de establecer “mecanismos de bilateralidad” entre las distintas partes del Estado. Incluso de la posibilidad de que se puedan federar estas partes. ¿Qué significa?

Hay un debate histórico sobre la prohibición de que comunidades con lazos históricos se puedan federar. Eso se podrá dar o no en función de lo que decidan en esas comunidades, pero no se puede prohibir desde el Estado.

¿Piensa en País Vasco y Navarra?

Claro.

Eso ya está en la Constitución. ¿También piensan en Catalunya con el País Valencià y Baleares?

Esa posibilidad tiene que estar abierta y cada comunidad decidirá. En la Constitución de 1812 hay un debate muy interesante sobre los municipios: si tienen soberanía o solo competencias delegadas del Estado. El miedo, y por eso se decide que no tengan solo descentralización administrativa, proviene de que puedan federarse y generar formas de interacción que vayan más allá de la realidad estatal.

¿Esto está pasando ahora con los llamados ayuntamientos del cambio?

El tema de la soberanía no puede plantearse de la forma clásica desde el Estado central hacia abajo. Lo que está pasando en la UE es un ejemplo de pérdida de soberanía. Esto nos debe permitir hablar de cómo se articulan relaciones más complejas, porque en realidad ya está pasando en los intercambios culturales y económicos o de servicios.

El referéndum en Catalunya es un espantajo que se agita desde uno y otro lado. ¿Se ha convertido en una línea roja con el PSOE por cómo han ido las cosas?

Algo de esto hay. Parece que lo demás está solucionado, pero no estamos de acuerdo en muchas otras cosas, como en el control de las puertas giratorias. En el modelo económico y social, el PSOE plantea un proyecto de supervivencia en una época de austeridad y nosotros, superar las políticas de austeridad.

El PSOE ya ha dicho que el aumento de gasto público de 96.000 millones que ustedes apuntan es imposible.

Aquí se han hecho posibles algunas barbaridades, como tener una economía estrangulada y recortes a la vez. Se ha utilizado el referéndum como una forma de no discutir todo lo otro y señalando que es la única diferencia. No, perdona. Hay que debatir muchas otras cosas.

¿Y por qué no lo sacan ustedes del tablero?

Porque creemos que es la mejor solución. Una cosa es que lo utilicen para no hablar de lo demás y otra cosa es que tú lo abandones por eso. La idea de que el derecho de autodeterminación deriva del derecho a la descolonización es una construcción posterior a la Segunda Guerra Mundial. El derecho de autodeterminación nace en Europa en los debates de 1848 y se plantea después de la Primera Guerra Mundial por el presidente [de EE UU Woodrow] Wilson para Europa. Es un debate europeo y por eso hemos visto cómo se ha aplicado en Europa. Cualquier gobierno del cambio no puede dar la espalda a este problema.

¿Por qué no vale la propuesta federal del PSOE?

Es que no sabemos cuál es. El federalismo no es llevar el Senado a Barcelona. Lo que genera espacio para defender un modelo federal con legitimidad es el referéndum.

¿Pero entienden que al Gobierno, a otras regiones y a muchas personas les preocupe que el 20% del PIB español pueda irse?

Claro que se entiende. Y no solo por eso. El debate es más amplio. Pero solo por la negación no vas a conseguir nada. La idea de que España es un proyecto compartido ya no es así en algunas zonas del Estado. El primer paso para quienes lo quieran reconstruir pasa por el referéndum.

¿Cree que habrá referéndum en 2016 en Catalunya?

Nuestra voluntad es que sea en la primera parte de la legislatura. Un Gobierno del cambio con una agenda social y económica potente también tiene que tener una agenda de construcción de la realidad plurinacional.

Mencionaba antes que la propuesta de Podemos, En Comú y En Marea tiene una pata centrada en el municipalismo. ¿Cuál sería el papel de los ayuntamientos?

En Catalunya hay una tradición muy fuerte de republicanismo federal que parte del municipalismo y de Pi i Margall, que fue presidente de la I República. Se basa en soberanías plenas y compartidas, algo que parece ahora muy antiguo y nosotros creemos que es muy moderno y actual. Este sería el programa de máximos.

Estos son los máximos. ¿Y los mínimos?

Derogar las leyes que limitan la acción del municipalismo, como la Ley Montoro. Hacer una nueva Ley de Régimen de Bases Locales que permita una mejor distribución de recursos. Los municipios están sosteniendo el impacto de la crisis, haciendo las políticas más innovadoras y son los que tienen menos recursos.

En la parte municipal separa muy bien el máximo y el mínimo. La otra parte parece más etérea. ¿Tienen máximos y mínimos?

El mínimo es el reconocimiento de la plurinacionalidad, de las competencias, el fin de las políticas recentralizadoras, el derecho a decidir y afrontar el modelo territorial desde un debate amplio y consensuado. Por eso no hacemos una propuesta de modelo concreto. El objetivo es construir sin dramas ni tragedias modelos que permitan hablar de soberanías plenas y compartidas en diferentes niveles.

¿Ese consenso debería incluir al PP?

Yo pensaba más en un consenso territorial, no tanto en términos de distribución de escaños en el Congreso o el Senado.

Este debate, ¿se puede dar hoy en España?

Se está dando ya. En relación a la UE o en relación a cómo interactúan las diferentes realidades municipales y regionales. Ahí tienes el debate del Corredor Mediterráneo. Preferimos que se dé de verdad a que se dé de forma no muy democrática como en la UE.

¿Esa realidad casa con los tiempos?

No, es algo que pasa muy a menudo. Lo hemos vivido desde 2008 hasta ahora. El 20 de diciembre de 2015 aparece en el Congreso una realidad que ya existía en forma de nuevas percepciones sociales y nuevos sujetos políticos. Lo que pretendemos es que ese diferencial temporal se vaya reduciendo.

¿Y cada cuánto hay que reabrir los debates constitucionales?

Un artículo precioso de la Constitución de la Convención francesa de 1793 dice que ninguna generación puede imponer una Constitución a otra que no la haya podido votar. En España, al 60% de la población le hablan de una Constitución que no ha debatido ni votado. ¿Cada cuánto? Lo decide la sociedad, pero es razonable que la gente pueda discutir sus principios constitucionales si no los ha podido votar.

¿Se entenderá si el relato final es que no hay Gobierno por la cuestión territorial?

Yo soy historiador y hablo del pasado y no del futuro (risas).

Tribuna

¿Por qué el referéndum no es la solución para Cataluña?

Las consultas siempre han sido instrumentos de manipulación. Quien las convoca busca rehuir su responsabilidad o restituir su popularidad

IGNACIO URQUIZU

Diputado del PSOE por Teruel en el Congreso y profesor de Sociología de la UCM (en excedencia)

La crisis territorial y la crisis política en nuestro país caminan de la mano. Así, si el 15 de marzo de 2011 muchos ciudadanos tomaron las principales plazas al grito de “no nos representan”, un año más tarde, el 11 de septiembre de 2012, cientos de miles de catalanes salieron a la calle a pedir la independencia de Cataluña. Pero no solo hay una cierta coincidencia temporal. Además, la crítica a la democracia representativa también les une. En ambas protestas se considera que las instituciones representativas no son suficiente para resolver los conflictos y se apela a la democracia directa. Dicho en otras palabras, el pueblo, sin intermediarios, debería ser quien tuviese la última palabra. Es por ello que, por ejemplo, Podemos, como ‘heredero’ del 15-M, viene defendiendo la realización de un referéndum en Cataluña.

Pero si abandonamos el terreno de la confrontación política y nos vamos a la academia, vemos que los referéndums siempre se han presentado como excelentes instrumentos de manipulación política. Así, cuando un líder ha querido evadir su responsabilidad ante una decisión difícil o cuando un dirigente poseía altas cotas de impopularidad, apelaba al pueblo para que este tomara una decisión por él o para que le restituyera la popularidad que había perdido. Por lo tanto, la consulta a la ciudadanía no pretendía saber qué pensaba el pueblo sobre una determinada cuestión, sino que se utilizaba en beneficio político del que la convocaba. Así, no sería descartable pensar que un partido nacionalista acosado por la corrupción y la mala gestión haya optado por esta estrategia de manipulación.

A este argumento se añade otro más que hace del referéndum en Cataluña una mala solución. Si miramos los datos, no existe una mayoría clara entre los catalanes respecto a la cuestión de la independencia. En las pasadas elecciones autonómicas, las dos listas independentistas sumaron el 47,8% de los votos. Esta cifra es exactamente la misma que se produjo tres años antes, en 2012, si sumamos los apoyos de CiU, ERC y la CUP. Pero no solo eso. En las comicios europeos de 2014, la coalición de ERC y la lista de CiU sumaron el 45,5% de los apoyos. Es decir, por mucho que voten los catalanes, el porcentaje pro independencia nunca llega al 50%.

Como señala Daniel Innerarity en su último libro, recogiendo algunas de las ideas de Isaiah Berlin, en democracia los acuerdos y los compromisos son más relevantes que la imposición de las ideas por una parte de la sociedad. Si además esta sociedad está profundamente fragmentada en dos partes muy similares, el referéndum sería la antítesis a cualquier pacto. Una consulta de estas características, donde además las principales motivaciones serían emocionales e identitarias, partirían a Cataluña de forma dramática. Si realmente deseamos resolver el problema, dejemos a las instituciones representativas trabajar en busca de un acuerdo.

Radiografía

España es uno de los países más descentralizados en gasto

La clave para medir el grado de libertad regional en los estados es no solo cuánto se gestiona sino la libertad para administrar gastos e ingresos. Así, Canadá, Suiza y EE UU tienen una mayor descentralización que España

PATRICIA RAFAEL

Periodista

Medir el grado de autonomía de las diferentes administraciones se ha convertido en los últimos años en parte del debate. La clave no está solo en cuánto se gestiona, sino, sobre todo, en el poder para gestionar y administrar los gastos y los ingresos. Siguiendo este criterio, que utilizan la mayoría de los expertos en federalismo, País Vasco y Navarra serían los territorios con mayor grado de descentralización desde el punto de vista tributario, puesto que las diputaciones forales son quienes administran y recaudan todos los impuestos en un modelo único que no se da en ningún otro país. “El principio de autonomía depende en gran medida del volumen de gasto de cada administración, de sus ingresos, pero también hay que tener en cuenta su capacidad normativa”, afirma Sandra León, profesora de Ciencias Política en la Universidad de York (Reino Unido) y experta en federalismo.

La distribución de las competencias es lo que marca en primer lugar la división del poder público entre las diferentes administraciones y en este aspecto, como subraya Antonio Arroyo, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid, España es uno de los Estados más descentralizados de Europa en tanto que asume la gestión de la sanidad, la educación y los servicios sociales. “Ello ha motivado que sobre el total del gasto público, dejando de lado la parte correspondiente a Seguridad Social y gobiernos y administraciones locales, el peso que corresponde a las comunidades autónomas sea nítidamente superior al que genera el Estado central, como consecuencia, entre otras cosas, del mayor número de empleados públicos que corresponde a aquellas”, subraya el experto.

César Colino, profesor de Ciencia Política y de la Administración de la UNED, cree que España “es un país razonablemente descentralizado” y ello se ve por ejemplo en casos como Andalucía, donde el gobierno regional tiene más funcionarios que el Estado central. Una comparativa del sistema autonómico con países de su entorno europeo, federales o no, deja claro que España se encuentra entre los primeros puestos en grado de descentralización en el gasto y los ingresos, superado solo por Suiza y, fuera del continente, por EE UU y Canadá.

León ha coordinado el libro La financiación autonómica. Claves para entender un (interminable) debate (Alianza Ensayo), publicado el año pasado, donde se hace una comparación de la financiación autonómica española con siete países definidos en su Constitución como federales: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, EE UU y Suiza. Explica que, a la hora de cuantificar esa descentralización, es necesario tener en cuenta de qué manera se financia el gasto, es decir, si es a través de transferencias o impuestos propios. “El principio de autonomía depende en gran medida de cómo están diseñados los ingresos y qué capacidad normativa tienen las distintas administraciones para regularlos”, subraya.

En este aspecto, aunque existen algunos patrones que se repiten y modelos que se parecen unos a otros, cada país aborda la descentralización de diferentes formas en aspectos diversos. Un ejemplo singular es el de Alemania, donde en el ámbito tributario “existe una fuerte centralización del poder público”, como indica Arroyo, ya que es al Gobierno federal a quien le corresponde la regulación de casi todos los impuestos. Si bien es cierto, matiza el profesor, que en mucho casos la aprobación de leyes federales tributarias requieren del asentimiento del Bundesrat o Consejo Federal, integrado por representantes de los gobiernos de los diferentes estados federados o Länder.

“Lo que permite ejercer la autonomía financiera por el lado de los ingresos”, subraya León, “es disponer de uno o varios impuestos sobre los cuales decidir”. Ello puede ser sobre el diseño del tributo, es decir, tener un cierto grado de capacidad normativa, ya sea sobre la base imponible, las desgravaciones o el tipo impositivo, entre otros elementos, o sobre la gestión o administración de los mismos. En España, aunque la mayor parte de la capacidad normativa sobre los tributos recae en el Gobierno central, las comunidades autónomas participan de forma total o parcial de los rendimientos de los impuestos que les ha cedido el Gobierno central. Ello conlleva una cierta capacidad normativa, como la modificación del tipo de deducción general por inversión en vivienda habitual en el Impuesto sobre la Renta a Personas Físicas o el mínimo exento en el de Patrimonio. En Australia, Canadá, EE UU y Suiza cada nivel ejecutivo tiene un espacio fiscal propio.

En todo modelo de financiación, en los diferentes niveles de gobierno, ya sea local o regional y estatal, las vías para obtener los ingresos son dos: a través de los tributos o las subvenciones del Gobierno central. Para medir el grado de descentralización tributario hay que tener en cuenta la cantidad que le corresponde a cada nivel, qué grado de gestión y recaudación les pertenece y si tienen o no capacidad normativa, ya sea parcial o total. “Incluso en los países en los que se ha producido un importante grado de descentralización tributaria, la mayor parte de los impuestos pagados por los ciudadanos (incluyendo los ingresos de la seguridad social) acaban siendo recursos del Gobierno central”, afirma la autora del estudio comparativo, la profesora de Hacienda Pública de la Universidad de Barcelona Maite Vilalta. Los datos que recoge muestran que en la media de los ocho países comparados, incluido España, el Gobierno central dispone del 72% de los ingresos tributarios, los ejecutivos estatales y regionales, el 19% y los locales, el 9%.

Canadá, donde el Gobierno federal gestiona el 51% del total de los tributos recaudados, aparece como el país más descentralizado seguido de Suiza (61%), EE UU (64%), España (67%) y Alemania (71%). En cinco de estos países –Canadá, EEUU, España Australia y Bélgica– se ha aumentado el grado de descentralización tributaria entre 2001 y 2011. “El cambio más importante se produce en España, donde el Gobierno central pasa de disponer del 85% de los ingresos tributarios en 2001 al 67% en 2011”, subraya Vilalta. El motivo: los cambios en el modelo de financiación autonómica introducidos en 2001 y 2009.

En el terreno de la administración y recaudación, la competencia principal en el caso alemán recae sin embargo en los Estados. La recaudación de los impuestos cuyo rendimiento corresponde de manera total o parcial al Gobierno federal, como el IRPF, el de sociedades o el IVA “está compartida”, explica Arroyo. Pero es a los Länder a quien les corresponde la administración y ellos deben transferir la parte correspondiente a la federación. En Suiza son también los Estados quienes recaudan la gran mayoría de los impuestos aunque la administración está compartida.

En España, señala Vilalta, predomina el modelo donde el Gobierno central recauda sus impuestos y los de los gobiernos autonómicos, como ocurre en Austria y en Bélgica. El rasgo diferencial en el Estado autonómico es que los gobiernos regionales recaudan los tributos cuyo rendimiento está cedido al 100% y los de nueva creación, mientras que el ejecutivo central recoge el IRPF –el 50% de su rendimiento está en manos de las CC AA– o el impuesto de sociedades. En el caso de Canadá, EE UU y Australia, cada administración recauda sus propios impuestos en función de las competencias que tenga asignadas cada nivel de gobierno. En Canadá, la Agencia tributaria federal es la que recoge en nombre de cada provincia, menos en Quebec. Esta región de mayoría francesa es la única que tiene una agencia tributaria propia, que recauda los impuestos del Estado y también algunos de los centrales.

Desde el punto de vista de los datos meramente económicos, en España el gasto descentralizado del total del gasto público está en los puestos superiores de la tabla en comparación con países europeos federales, con un 34%, según los datos recogidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el informe Panorama de las administraciones públicas 2013, el último con cifras completas de todos lo países. Solo Suiza, con un 37% de gasto gestionado por los Estados aparece por delante. Detrás de los dos están Alemania, Bélgica y Austria.

En comparación, no obstante, con países europeos no federales, como son Dinamarca o Suecia, la descentralización es mayor en estos estados nórdicos, ya que los gobiernos locales gestionan el 62% y el 47% del gasto público respectivamente. Estos países, explica la catedrática de Economía Pública de la Universidad de Barcelona, Nuria Bosch, presentan dos niveles de gobierno –central y local– frente a los tres de España y de los Estados federales –central, autonómico o estatal y local–.

Si se incluye en el análisis a EE UU y Canadá, este último aparece como el más descentralizado en cuanto al gasto que realiza el Gobierno federal, ya que a este tan solo le corresponde el 34% del total, incluyendo la administración de la seguridad social. Las diferentes provincias canadienses realizan el 47% del gasto, mientras que los gobiernos locales, el 20%. Únicamente los ejecutivos federales de Canadá, Suiza y EE UU realizan menos de la mitad del gasto público. España aparece en cuarto lugar al compararse con los siete países federales antes mencionados.

“Desde una perspectiva del volumen del gasto puede considerarse que España es uno de los países más descentralizados de su entorno, pero si miramos el poder político que hay sobre la descentralización de ese gasto, países de larga trayectoria federal como Suiza, Canadá y EEUU tienen mayor grado de descentralización”, señala Bosch. La catedrática apunta a órganos que en estos países están más institucionalizados y donde los Estados tienen mayor control normativo. En España existe el Consejo de Política Fiscal y Financiera y las conferencias sectoriales. “En otros países estos órganos tienen asociados otros más técnicos que les hacen ser mucho más operativos y en España en este aspecto nos hace falta más rodaje”, indica León.

A fondo

Cataluña, Quebec y Escocia. Tres modelos similares en sus

procesos independentistas, ¿o no tanto?

Quebec, en Canadá, y Escocia, en Reino Unido, son dos democracias occidentales que realizaron un referéndum independentista en las que se fija Cataluña. Uno lo realizó a través del Tribunal Supremo, la otra mediante un pacto. Ambos salieron que no

CARMEN MORAGA

Periodista

Cataluña y su proceso soberanista han vuelto a situarse en el centro del debate público. No solo por la decisión unilateral del Parlament de “desconexión con España” para convertirse en un Estado independiente. También porque, en las últimas semanas, algunos de los actores políticos que han protagonizado las negociaciones para configurar un nuevo Gobierno en España han exigido que se celebre un referéndum en Cataluña como condición “imprescindible” para cerrar un acuerdo.

La petición de ese referéndum para que la ciudadanía ejerza el derecho a decidir se ha convertido en una de las líneas rojas para los partidos que se autodenominan constitucionalistas: PP, PSOE y Ciudadanos, principalmente. Los tres se niegan a ver las posibilidades de encaje de una consulta de ese tipo en la Constitución, como ha ocurrido en otras democracias similares a la nuestra.

Muchos son los que, ante esta situación, han dirigido sus miradas a la experiencia de otros países que han vivido sus propios procesos de independencia, como Quebec en Canadá o Escocia en el Reino Unido. Para situarnos, lo primero que conviene es saber qué dice la Constitución española. Después, conocer qué ocurrió en cada uno de estos territorios. Y también atender a las reflexiones que aportan diversos expertos consultados.

España no es un país con tradición de celebración de referéndums. Y menos si lo que pretende la consulta es decidir la separación o no de un territorio –o comunidad autónoma– del resto del país.

La Constitución española solo contempla tres tipos de referéndums: el consultivo (artículo 92), que no es vinculante, para la adopción de decisiones políticas de “especial trascendencia”, y siempre convocado por el Rey a iniciativa del presidente del Gobierno y previa autorización del Congreso de los Diputados; el encaminado a la propia reforma constitucional (artículos 167 y 168); y el de reforma de los estatutos de autonomía (artículos 151 y 152), que sí son vinculantes. El artículo 149, relativo a la Organización Territorial del Estado en Comunidades Autónomas, en su apartado 32, establece que estas deben pedir autorización al Estado para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.

No obstante, algunos de los expertos consultados opinan que la interpretación de estos preceptos podría dar lugar a que el Estado arbitrara fórmulas pactadas con las autonomías para que pudieran celebrar ese tipo de consultas en sus territorios, algo que ahora la Constitución no contempla. “Todo es cuestión de voluntad política”, afirman.

¿Qué ocurrió en Quebec? En Quebec se celebró un primer referéndum en 1980 para ver si la provincia francófona quería convertirse en un Estado “asociado” a Canadá. Aquella consulta dio como resultado un 59,5% de votos en contra frente al 40,5% a favor de los independentistas. El Gobierno canadiense temió entonces que la frustración generada entre los perdedores desembocara en situaciones de violencia política. No fue así.

En 1995 se realizó el segundo referéndum en el que se preguntaba de nuevo a la ciudadanía si deseaban separarse de Canadá. La pregunta, muy criticada por su enrevesamiento, fue la siguiente: “¿Está usted de acuerdo con que Quebec llegue a ser soberano después de haber hecho una oferta formal a Canadá para una nueva asociación económica y política en el ámbito de aplicación del proyecto de ley sobre el futuro de Quebec y del acuerdo firmado el 12 de junio, 1995?”.

El resultado esta vez fue muy ajustado, un 50,6% del “no” frente al 49,4% del “sí”, pero triunfó de nuevo el “no” con una participación que superó el 90% del censo electoral.

Ese amplio sentimiento independentista, y la experiencia adquirida, dio origen a la llamada Ley de la Claridad, que dejó sentadas las condiciones para futuros procesos, tanto sobre la redacción de la pregunta –dada la confusa fórmula empleada en el 95–, como para las reglas de la votación. La ley apuntaba que para que prosperara la independencia debería formularse una pregunta clara, la negociación entre las partes tenía que ser también clara, y el resultado de la consulta debería arrojar una mayoría clara para prosperar.

Ese segundo referéndum dio también origen a que posteriormente el gobierno federal consultara al Tribunal Supremo si la secesión unilateral de una provincia podía ser legal, atendiendo al derecho público canadiense o bien al derecho internacional. La respuesta fue que ni en las leyes canadienses ni en los tratados internacionales existe el derecho unilateral a la autodeterminación del pueblo de Quebec. Sin embargo, dejaba abierta la puerta a que ambas partes pudieran en el futuro volver a negociar.

El caso de Escocia. En septiembre de 2014 se celebró el referéndum de independencia de Escocia, que fue pactado entre Edimburgo y Londres. La decisión de su celebración había sido aprobada un año antes por el Parlamento escocés.

En contraste con el segundo que se celebró en Quebec, el de Escocia no tuvo los problemas de “claridad”, dado que la pregunta fue muy directa: “¿Debería Escocia ser un país independiente?”. Sí o no. La consulta se saldó con el triunfo del “no” a la independencia, que cosechó un 55% de los votos, frente al 45% a favor, con una participación del 84,6%.

El rechazo más claro tuvo lugar en Edimburgo, la capital. El 60% de su población votó por mantener la unidad del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Los unionistas, abanderados por el primer ministro británico, el conservador David Cameron, junto con los partidos políticos del resto de Reino Unido, realizaron durante la campaña la promesa de que si se votaba en contra de la independencia mejoraría el autogobierno escocés. Esto, a juicio de muchos analistas, influyó entre el electorado indeciso y dio finalmente sus frutos.

Cameron cumplió su promesa, aunque con gran controversia, y elaboró un dictamen para que el Parlamento escocés tuviera mayores competencias fiscales para recaudar y fijar los tipos y tramos del total del impuesto sobre la renta. Además, autorizó el traspaso de otras competencias sobre políticas sociales.

A pesar de estas concesiones, justo un año después de esa consulta, en Escocia han vuelto a surgir las voces pidiendo un nuevo referéndum. La ministra principal, Nicola Sturgeon, afirmó en septiembre de 2015 que sería “equivocado” descartar “indefinidamente” otro referéndum. Sturgeon señaló que aunque Edimburgo respeta el resultado de esa votación de 2014 no debería descartarse otra consulta “si cambian las circunstancias”. David Cameron, por el contrario, lo ha descartado.

Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona, ve “pocas” similitudes entre Cataluña y Escocia “sobre todo desde el punto de vista político y jurídico. E incluso desde un punto de vista más social y de las peticiones que se hacen en un sentido y en otro”.

“El nacionalismo escocés no tiene una base identitaria como ocurre en Cataluña. Tiene más base social, de diferencias ideológicas entre una importante parte de la sociedad escocesa e Inglaterra y el resto del Reino Unido. Escocia, además, fue independiente hasta que se unió a Inglaterra. Cataluña nunca ha sido un estado propiamente dicho ni un reino independiente en el sentido de lo que era Escocia”, apunta.

En cambio, cree que hay más afinidades con Quebec. “Allí si hay un nacionalismo de base identitaria, basado sobre todo en la lengua y la religión, y el derecho civil, que es una particularidad al haber sido Quebec una colonia francesa y el resto del Canadá básicamente una colonia inglesa. El nacionalismo quebequés nace un poco de la amenaza que tiene el francés respecto al inglés y una defensa de esa lengua” argumenta.

De Carreras cree que el Gobierno de Rajoy debería haber reaccionado en Cataluña hace tiempo: “Cuando se convoca la manifestación del 11 de septiembre del 2012 en la que se pide la independencia. El Gobierno catalán disuelve el Parlamento y convoca elecciones, tampoco manifestándose por la independencia, pero sí por una cosa inexistente como es el derecho a decidir”.

“Recoger el guante “Creo que en aquel momento –añade el catedrático– el Gobierno español podría haber hecho lo que hizo Cameron con los escoceses, recoger el guante y decir: ‘No vamos a daros la independencia, pero atendemos a un sentimiento que no sabemos si es mayoritario o minoritario y para ello, desarrollando como única posibilidad el artículo 92 de la Constitución, que habla de referéndum consultivo, pondremos estas condiciones de mayorías y minorías y vamos a informar a la población, a los catalanes y a los españoles de las ventajas y desventajas de la independencia, y dentro de un año vamos a hacer ese referéndum’”, sostiene De Carreras.

Eduardo Vírgala, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco, tercia en el debate. “Es difícil señalar analogías y diferencias con ordenamientos constitucionales tan diversos del nuestro como el canadiense o el británico”, comenta. “Primero por tratarse de una Constitución solo parcialmente escrita, con gran peso de las costumbres constitucionales y de la jurisprudencia de su Tribunal Supremo, y por ser un Estado federal en el que Quebec tiene un peso y una posición que nada tienen que ver con la de Cataluña en España”.

Sobre el caso del Reino Unido, el catedrático sostiene que esas dificultades se centran en el hecho de “carecer de Constitución escrita, aunque no de sistema constitucional compuesto de leyes y costumbres constitucionales y basado en el principio de la soberanía del Parlamento, siendo este la autoridad que puede legislativamente cambiar el sistema constitucional sin que sus decisiones puedan cuestionarse ante los Tribunales británicos, cualquiera que sea su contenido”. Y añade: “Eso permitió los acuerdos entre los Gobiernos británico y escocés que desembocaron en el referéndum escocés de septiembre de 2014”.

“En España, la solución que pueda llevarse a cabo para Cataluña ha de respetar la Constitución tal y como la entiende el TC, intérprete supremo de aquella. Y el Constitucional ha reiterado que las comunidades autónomas, a día de hoy, carecen de competencia para regular por ley un referéndum. Y el que puede convocarlo, el Gobierno central, de hacerlo no podría preguntar sobre la independencia o la soberanía de una parte de España”, opina. “Por lo tanto, solo cabría un referéndum sobre cuestiones territoriales si no afectara a la soberanía o, por otro lado, habría que realizar una reforma constitucional con las dificultades procedimentales que esta tiene”, concluye.

El catedrático vasco añade otra reflexión sobre el caso catalán. Cree que las elecciones del pasado septiembre “mostraron que un porcentaje muy elevado de la población catalana está dispuesto a separarse de España y que es todavía mayor el favorable a la convocatoria de un referéndum sobre el tipo de relación que desean tener con el resto de España. Negarse a reconocer esa realidad, y no proporcionar una salida jurídico-constitucional es aplazar un problema que irá deteriorándose aún más con el transcurso del tiempo”, advierte.

Marta Pascal, portavoz de Convergència y presidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlament de Cataluña, cree que existen algunas similitudes entre lo que está ocurriendo en Cataluña con los procesos que tuvieron lugar en Quebec y Escocia. Principalmente, “desde la perspectiva de ser procesos con una amplía base social y con un protagonismo no solo de los liderazgos políticos, sino también de los liderazgos sociales”. Una de esas similitudes que destaca Pascal es que los tres “son procesos pacíficos y de raíz democrática basados en una reivindicación histórico-política y de matriz cultural”.

“No obstante –puntualiza–, es evidente que la solución política para Escocia, Quebec y Cataluña es distinta. En el caso del Reino Unido no existe constitución escrita, y esta es fruto de la costumbre, el pacto y la novación de las reglas. La sociedad británica funciona de una forma aceptable endosando los retos y demandas que se van planteando”.

Para Pascal, en el caso de Quebec, “después de años de reivindicación política, el Gobierno federal y la cultura política de la federación fueron capaces de redactar una Ley de Clarificación que define los términos en los que Canadá aceptaría la separación de Quebec”.

“Desgraciadamente, en España aun no existe la tradición de diálogo y pacto para hacer posible algo parecido a una ley de clarificación o al acuerdo entre Londres-Edimburgo que permitió el referéndum escocés”, lamenta la diputada catalana. La portavoz de Convergència, no obstante, ve que “hay margen para celebrar un referéndum sobre el futuro político de Cataluña con el actual texto constitucional. Eso requiere de una firme voluntad política que desgraciadamente PP, PSOE y Ciudadanos no han mostrado y que hace hoy mismo inviable el cambio constitucional. Pero el acuerdo, porque lo que entienden que está en medio es la combinación del principio democrático con el respeto a las minorías”.Desde su punto de vista, España no ha dado ese tratamiento a la situación de Cataluña. “No se ha respetado el principio de respeto a las minorías”. A su juicio, el Estado español debería de entender que “es una cuestión que deben resolver los catalanes y luego empezar una negociación para ver esa resolución, en el sentido que sea, cómo se articula”.

“Creo que el que tendría que mirarse al espejo es el Estado español, no Cataluña. Porque la pieza que hace diferente el proceso catalán dentro de España frente al de Quebec en Canadá o el de Escocia en el Reino Unido no es Cataluña. Es España, que no está dando cauce político a testar la opinión de los catalanes”, afirma el parlamentario nacionalista. “En aquellos países el ordenamiento nunca es un obstáculo sino un cauce”, añade.

“Se podría hacer un referéndum en Cataluña y luego cambiar las normas si sale de una manera. Lo que no se puede es decir que para llegar a buen puerto hay que modificar la Constitución y preguntar a todos los españoles”. Un escenario que conllevaría, en opinión del diputado alavés, a disolver las Cortes y nombrar otra Cámara para ratificarlo. “Eso es usar el ordenamiento como un muro no como un cauce”, lamenta Legarda.

Índice

- 01 Cataluña o Enpanya

- 02 Un tejido industrial en retirada

- 03 La pasion catalana

- 04 El Big Bang del proceso

- 05 Cataluña-España, una mirada histórica

- 06 ¡No somos menores de edad en la España del 78! Por un referéndum

- 07 Entrevista a Carles Puigdemont

- 08 El reino de espunya y la república de catalaña

- 09 Convergència tiene un resfriado

- 10 Entrevista a Cristina Cifuentes

- 11 Catalanes y reformistas

- 12 La encrucijada de las terceras vías

- 13 La década perdida

- 14 Entrevista Ximo Puig

- 15 El rompecabezas fiscal español

- 16 Entrevista Anna Gabriel

- 17 Las piezas del puzle

- 18 España y Catalunya, dos nacionalismos frente a frente

- 19 Estamos a tiempo

- 20 Entrevista Xavi Domènech

- 21 ¿Por qué el referéndum no es la solución para Cataluña?

- 22 España es uno de los países más descentralizados en gasto

- 23 Cataluña, Quebec y Escocia. Tres modelos similares en sus procesos independentistas, ¿o no tanto?

Índice

01 Cataluña o Enpanya

02 Un tejido industrial en retirada

03 La pasión catalana

04 El Big Bang del proceso

05 Cataluña-España, una mirada histórica

06 ¡No somos menores de edad en la España del 78! Por un referéndum

07 Entrevista a Carles Puigdemont

08 El reino de espunya y la república de catalaña

09 Convergència tiene un resfriado

10 Entrevista a Cristina Cifuentes

11 Catalanes y reformistas

12 La encrucijada de las terceras vías

13 La década perdida

14 Entrevista Ximo Puig

15 El rompecabezas fiscal español

16 Entrevista Anna Gabriel

17 Las piezas del puzle

18 España y Catalunya, dos nacionalismos frente a frente

19 Estamos a tiempo

20 Entrevista Xavi Domènech

21 ¿Por qué el referéndum no es la solución para Cataluña?

22 España es uno de los países más descentralizados en gasto

23 Cataluña, Quebec y Escocia. Tres modelos similares en sus procesos independentistas, ¿o no tanto?